Medio ambiente

Voluntarios ecologistas piden y exigen justicia para Puerto Mayor

Los activistas de Greenpeace y ANSE desmontan parte de la infraestructura de la zona abandonada de La Manga y la dejan a las puertas de la Consejería de Fomento

18.07.2017 | 04:00
Los activistas de Greenpeace y ANSE se manifestaron y protestaron en la puerta de la Consejería de Fomento durante tres horas bajo la atención de la Policía Nacional.
Voluntarios ecologistas piden y exigen justicia para Puerto Mayor

El proyecto Puerto Mayor fue impulsado en 1975 con el propósito de construir 900 puntos de amarre, 2.000 viviendas turísticas y un campo de golf. La suspensión de las obras fue dictada por el TSJ de Murcia en 2005. Casi cuatro años más tarde, fue el Tribunal Supremo quien ratificó la decisión. A día de hoy, después de más de diez años, lo que quedó a medio construir nunca fue recogido ni limpiado.

Las organizaciones Greenpeace y ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) solamente contemplaban una alternativa: la restauración ambiental y el uso público de esta área de La Manga

Dichas organizaciones recogieron ayer en sus embarcaciones restos de ferralla, palés, tubos, plásticos y hormigón de las obras de construcción del puerto deportivo de Puerto Mayor, en La Manga, y los trasladaron hasta a las puertas de la Consejería de Fomento, en Murcia, exigiendo a los políticos competentes que restaurasen la zona.

El caso es similiar al que ocurrió el pasado 13 de julio, cuando los activistas de Greenpeace también decidieron denunciar y recoger los escombros de El Algarrobico, en Almería. Cerca de una veintena de activistas con monos naranjas y camisetas verdes mostraron su protesta durante tres horas plantándose a las puertas del edificio público junto con la muestra de los escombros, entre los que destacaban kilos de materiales de acero oxidado o plásticos.

Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de la protesta, pero al tratarse de una manifestación pacífica no hubo ningún tipo de incidente. Juande Fernández, portavoz de Greenpeace, manifestó que iban a intentar hablar con el Consejero de Fomento Pedro Rivera, «ya que en febrero hubo más de 20.000 firmas que apoyaban la petición de restauración». «Queremos preguntarle si prefiere tener una estructura abandonada que está contaminando el Mar Menor, o si decide recuperar el valor ambiental de la única zona de La Manga que sigue sin urbanizar, aunque confiamos en que se imponga la legalidad vigente», concluyó Fernández.

Pacto por el Mar Menor avaló esta acción a través de un comunicado: «Pedimos el desmantelamiento de Puerto Mayor como una medida imprescindible dentro de un plan de recuperación del Mar Menor y espacio natural».

Tribunales Siete años para cumplir la sentencia

La Comunidad ha tardado siete años en cumplir el fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligaba al Ejecutivo anular la orden de 1988 que dio lugar a la polémica sobre la caducidad de la licencia obtenida en 1975 por Tomás Maestre. El Ejecutivo deberá estudiar si la orden de 2003 que permitió a la empresa promotora iniciar las obras también debe ser anulada. Si el Gobierno anulara la autorización que dio Calidad Ambiental, la empresa podría exigir una indemnización. La Comunidad ha intentado incluir en el Estatuto las transferencias de Costas sin dar cuentas al Ministerio, pero la oposición se lo ha impedido.

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