Díaz Manzanera reconoció la semana pasada un excesivo retraso en la resolución de los procedimientos sobre corrupción abiertos en la Región. Expedientes como los abiertos por el caso Auditorio, o la investigación en torno a la desaladora de Escombreras, se están dilatando en el tiempo por culpa, dice, de la escasez de recursos que sufre la fiscalía. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento, que introdujo el mecanismo de archivo automático de las causas a los 6 meses, también está teniendo un efecto perverso: obliga a la Fiscalía a un sobreesfuerzo de vigilancia para impedir que alguno de esos asuntos agote su recorrido antes de tiempo.
