El expresidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sáchez también está a un paso de sentarse en el banquillo por el caso Auditorio, lo que complica su permanencia en la presidencia del PP regional. El instructor de la causa en el TSJ, el magistrado Julián Pérez-Templado, dictó ayer un auto en el que da por concluida la investigación -sobre la actuación del ex jefe del Ejecutivo en la contratación y la liquidación de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio- y abre un procedimiento abreviado, que supone en la práctica el paso previo a la apertura de juicio contra el actual presidente del PP murciano y diputado de la Asamblea Regional.

El juez también procesa al arquitecto Martín Lejárraga, que se adjudicó el proyecto del auditorio, y a Vicente Gimeno, representante legal de la constructora ECISA, que ejecutó la obra, como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación o fraude contra fondos públicos, mientras que deja fuera de la causa a una quincena de ediles y técnicos que fueron investigados.

El auto llega apenas un mes después de que Pedro Antonio Sánchez fuese procesado también por el caso Púnica, al entender el magistrado instructor de esta causa, Enrique Quiñonero, que el expresidente había dado su consentimiento para contratar los servicios para mejorar su imagen en Internet.

En esta situación el expresidente está abocado a sentarse en el banquillo, lo que, según los estatutos del PP, le obligaría a dejar la presidencia regional del partido, que asumió en un congreso regional celebrado el pasado mes de marzo. Pedro Antonio Sánchez, que dimitió como presidente del Gobierno regional el pasado 4 de abril, un día antes de que la Asamblea Regional debatiera la moción de censura contra él, también tendría que dejar su escaño o pasar al Grupo Mixto.

Aunque los estatutos del PP impiden que continúen en sus puestos los cargos públicos que han sido procesados, el portavoz del PP regional, Víctor Martínez, eludió pronunciarse sobre el posible relevo de Sánchez en la presidencia del partido. Víctor Martínez se limitó a indicar que «el auto no es una sentencia» y tampoco es firme. Dejó claro que «todo el dinero está en la obra del auditorio y que nadie ha metido la mano».

El juez da diez días de plazo al fiscal y a las demás acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Recuerda que Pedro Antonio Sánchez no tenía autorización de la Comunidad «ni para cambiar el emplazamiento, ni para hacer una serie de construcciones no previstas, con la consecuencia, tantas veces dicha, de dejar el auditorio a medias. No tiene empacho alguno el ex alcalde en su declaración en afirmar que no se terminó porque se acabó el dinero. Lo que está clarísimo que así fue, pero por causa de hacer más allá de lo que estaba previsto».

Sustenta sus acusaciones en los indicios que aprecia en la contratación irregular del auditorio, la obtención de una subvención de manera falsaria y los cambios del contrato originario acordados por el ex alcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus responsabilidades. «El alcalde, enterado de que en la CARM (Cultura) hay dinero disponible, se lanza con un anteproyecto situado en un suelo que, a pesar de los pesares, no hemos podido localizar su exacta ubicación ni su titularidad, tanto es así que el propio alcalde en su declaración manifiesta que no valía al ser terreno inundable. Este instructor en un esfuerzo imaginativo llega a pensar si no estará ubicado en el cauce de aguas discontinuas», apunta.

A continuación precisa que, «sin embargo, el proyecto definitivo, que sale a concurso con jurado y lo gana el autor de los otros tres, el señor Lejárraga, en enero de 2008, tiene ubicación, dimensiones y edificaciones completamente distintas», recuerda el magistrado.

Concluye que «la contratación irregular» del arquitecto Martín Lejarraga «podría constituir un delito de prevaricación continuada» por parte de Sánchez; «la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad podría enmarcarse en un fraude a las subvenciones». Por último los cambios acordados por Pedro Antonio Sánchez, el arquitecto y el constructor, por medio de un modificado del contrato originario para salvar sus responsabilidades, «constituiría un delito de prevaricación o un delito de fraude a la Administración del que serían autores los tres».