El brote de legionela que se produjo en el año 2001 ha convertido a Murcia en la comunidad autónoma que aplica los controles más estrictos sobre las empresas y las instalaciones susceptibles de propagar la bacteria causante de la enfermedad. Los empresarios de la Región aseguran soportar una presión de Sanidad superior a la del resto de autonomías. Los casi 700 casos de neumonía contabilizados hace 16 años, con seis fallecidos, llevaron a la Administración regional a extremar la vigilancia sobre las torres de refrigeración hasta conseguir que la incidencia anual se sitúe por debajo de la media nacional e incluso de regiones cercanas, como la Comunidad Valenciana, según indicó ayer el médico especializado en el control de plagas Juan Ángel Ferrer durante una charla en la FREMM.

La bacteria causante de la enfermedad que originó la crisis sanitaria de 2001 vive en ambientes húmedos como los sistemas de refrigeración de las empresas, aparatos de aire acondicionado, tuberías y alcachofas de las duchas. Desde estas instalaciones se propaga a través de las partículas de vapor y una vez en los pulmones de los afectados acaba provocando una neumonía.

La colonia más reciente de legionela se detectó a principios de mes en los depósitos de un edificio de la avenida de Europa de Murcia, aunque no llegó a provocar ningún caso de neumonía.

Ferrer, que ha participado en la elaboración de la nueva la Norma UNE 100030, dedicada al control y la prevención de legionela, intervino ayer en una jornada técnica celebrada en la FREMM en la que indicó que desde el año 2013 se está produciendo un repunte del número de casos detectados en España, que puede atribuirse a la recuperación de la actividad económica.

Añadió que la incidencia media se sitúa en la Región entre uno o dos casos por cada 100.000 habitantes, con 22 registrados en el año 2015. Juan Ángel Ferrer tampoco descarta que el cambio climático produzca un aumento de los brotes, dado que las elevadas temperaturas facilitan la proliferación de la bacteria.

Ante las quejas de las empresas, que se sienten especialmente expuestas a las inspecciones de Sanidad, Ferrer abogó por racionalizar la aplicación de los controles establecidos en la normativa vigente, de forma que se garantice una supervisión y unos controles sistemáticos, sin necesidad de abusar de los productos químicos y del cloro. «No podemos tener la legionela a cero», aseguró, pese al intento de la Administración por erradicarla.

A su juicio, la mejor solución es que «cada instalación tenga una persona que vigile» y que se ocupe de mantener en buen estado los equipos para garantizar su higiene. «No hay que dejarlo todo en manos de la empresa de mantenimiento», recomendó.

Ferrer considera que los nuevos protocolos de control recogidos en la nueva Norma UNE 100030, que consta de 117 páginas, facilitarán la supervisión y proporcionan orientación a las empresas para manejar sus instalaciones.