Los sindicatos CSIF, Intersindical, CC.OO. y UGT han anunciado hoy movilizaciones los próximos días 17 y 21 y una huelga el 31 en todas las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) murcianas si el Gobierno regional continúa con su intención de "mercantilizarlas" con concesiones a empresas privadas.
En una rueda de prensa en la sede de Podemos, responsables de estas organizaciones han defendido la necesidad de ITV públicas para evitar "mercantilizar el servicio, entrar en el juego de la competencia y la precarización" de los empleos.
Hasta el momento, sólo la de Alcantarilla es de gestión pública, mientras que las restantes se gestionan a través de unas concesiones otorgadas por la administración regional.
Podemos ha propuesto una ley para que estas instalaciones sean públicas y se preserve así la "calidad del empleo y los derechos de los trabajadores", como en Baleares, ha explicado el diputado regional Andrés Pedreño, que ha denunciado que el Ejecutivo murciano propone volver a sacar a concurso la gestión de las ITV, aumentar su número "irracionalmente" y privatizar la de Alcantarilla.
Ha recordado que Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en la Asamblea Regional de Murcia para defender un modelo de autorización administrativa que "supondría la privatización de las ITV y la introducción de criterios de competencia por precios".
El Gobierno defiende su modelo
La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa ha defendido que el nuevo modelo de gestión ITV en el que está trabajando establece un régimen de concesión que "permite conservar la titularidad pública del servicio, lo que supone la capacidad de la administración en intervenir en la prestación del servicio, con las debidas garantías de seguridad, calidad y atención a los usuarios".
De la misma forma, la Consejería ha señalado que este modelo permite la "vertebración territorial de su prestación", ya que un régimen liberalizado "determinaría la ubicación de las ITVs solamente en aquellas zonas en la que existiera alta demanda, quedando desabastecidas las zonas rurales, y de escasa población".
Además, asegura que el régimen de concesión "permite que la Administración intervenga en la determinación de las tarifas, que como decimos, serán las más bajas de España", según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.
