La Inspección Regional de Consumo realizará una campaña de inspección de talleres de vehículos para verificar que este tipo de establecimientos cumple con la legislación vigente. También se incluirán los negocios que se dedican a la instalación de accesorios en vehículos.

De este modo, en las inspecciones se comprobará que los establecimientos ofrecen a sus clientes toda la información obligatoria como las tarifas de precios o las tablas de tiempos de trabajo. Asimismo, y como novedad, se controlará que el establecimiento tiene la autorización previa del cliente para usar piezas de repuesto recicladas o de segunda mano.

Estas inspecciones se extenderán durante todo el verano y se harán en establecimientos de toda la Región. Las sanciones a las que se enfrentan los empresarios de los talleres por infracciones leves van desde una amonestación por escrito a una multa de entre 200 y 5.000 euros. Asimismo, las infracciones graves conllevan una sanción de entre 5.001 a 30.000 euros.

Se consideran infracciones leves, entre otras, el incumplimiento de la normativa, como la ausencia de hojas de reclamaciones, no anunciar los precios o no entregar el resguardo de depósito del vehículo.

Por su parte, las infracciones graves son aquellas conductas intencionadas de engaño o fraude que influyen en el importe cobrado, por ejemplo, instalar piezas usadas y no informar al cliente cobrándolas como si se tratara de piezas nuevas o facturar piezas reparadas sin que realmente hayan sido sustituidas.

Por otra parte, el esfuerzo conjunto contra la economía sumergida entre Administraciones y FREMM logró subir el año pasado en un 90% la inscripción en Industria de talleres de reparación de automóviles, al haberse registrado 93 empresas, cuando la media anual viene siendo de unos 50 negocios en esta actividad empresarial.