El Pleno de la Asamblea Regional aprobará mañana la Ley de Participación Institucional, lo que permitirá dar rango legal a la interlocución de los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CROEM con el Ejecutivo autonómico en empleo, seguridad laboral, formación e inmigración.

La Comisión de Asuntos Generales y de la UE aprobó ayer dos enmiendas parciales al articulado, el último trámite parlamentario antes de su visto bueno definitivo, que se producirá mañana gracias al voto favorable de PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos se abstendrá.

Esta norma, de la que ya disponen otras comunidades autónomas, busca concretar un marco estable y los cauces del diálogo social en la Región, fijando, por ejemplo, qué asuntos deben ser negociados y en qué órganos tendrán representación los interlocutores sociales.

La Ley de Participación Institucional constituye una de las históricas aspiraciones de los agentes sociales con mayor representación, puesto que les garantiza por ley su presencia en las instituciones y la existencia de un diálogo regular con la Comunidad.

Así, patronal y sindicatos tendrán presencia en los órganos colegiados consultivos de asesoramiento y participación en materia de trabajo, empleo, seguridad y salud laboral, formación profesional y políticas de igualdad, así como en los de emigración e inmigración vinculadas al mercado de trabajo.

En concreto, estarán en los consejos Económico y Social; Asesor Regional de Empleo y Formación; Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral; Autonómico de Relaciones Laborales; de Emprendimiento; Asesor Regional de Formación Profesional; Asesor Foro Regional para la Inmigración; y Asesor Regional de la Mujer, además de en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de género.

La ley no será de aplicación a los órganos sectoriales de participación y negociación colectiva relacionados con la función pública, la cual se regirá por su regulación específica.

Para compensar los gastos en los que incurran patronal y sindicatos a causa de dicha participación, el Presupuesto de la Comunidad incluirá cada año partidas vinculadas a dicha finalidad.