La Inspección de Trabajo está investigando a las empresas que se ofrecen como paraguas para dar cobertura legal a los autónomos que no están dados de alta en la Seguridad Social ni en Hacienda. Se trata de sociedades cooperativas dispuestas a contratar al autónomo como trabajador a tiempo parcial por un periodo de tiempo corto, a cambio de una aportación con la que se cubren los gastos de las cotizaciones correspondientes a los días que dura la relación laboral, además de la comisión para la empresa que presta su cobertura. Esta es la que emite las facturas y después transfiere parte de su importe al autónomo, que se evita así la necesidad de someterse a las obligaciones tributarias, además de eludir el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial.
A pesar de su situación irregular, estas compañías llegan a anunciarse públicamente a través de Internet y ofrecen sus servicios con el reclamo ´Puedes facturar sin estar dado de alta´. Además, algunas de estas compañías utilizan como señuelo las ventajas que ofrece el trabajo por cuenta ajena, dado que genera el derecho a cobrar el paro y las prestaciones de la Seguridad Social.
Este tipo de prácticas se han impuesto durante los años de la crisis dirigidas a los autónomos que realizan una actividad poco significativa o discontinua que, en algunos casos les generan unos ingresos bastante reducidos.
Según indicaron fuentes de la Inspección de Trabajo, se trata de empresas de ámbito nacional constituidas como «cooperativas en fraude de ley». Los inspectores han detectado ya «un buen número de ellas» y están realizando un seguimiento «en diversas provincias del territorio nacional en las que radican las sedes sociales de las cooperativas, con independencia de que su funcionamiento se haya extendido» a todas las comunidades autónomas.
En Internet también aparecen cooperativas que se ofrecen a facturar por el autónomo incluyéndolos como socios, aduciendo que hay un vacío legal en la legislación que hace posible esta práctica. Sin embargo, también hay foros en los que se pone en duda que no sea sancionable.
El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que preside también la organización nacional CEPES, dejó claro que este tipo de empresas «no son cooperativas al uso» y apuntó que corresponde «a la Administración tomar cartas en el asunto y dictaminar» las medidas que proceda adoptar.
La Inspección, que dirige Diego Martínez Rafecas, distingue este tipo de prácticas de las denominadas empresas ficticias, que carecen de actividad y se crean exclusivamente para dar de alta a supuestos trabajadores que solicitan prestaciones de la Seguridad Social, aunque la compañía no llega a pagar las cuotas y desaparece dejando la deuda pendiente.
La Inspección de Murcia fue pionera en la detección de estas tramas, que posteriormente empezaron a ser localizadas en otras comunidades autónomas.
Según apuntaron las fuentes de la Delegación del Gobierno, «gracias a la eficiencia de la actividad inspectora y a la inmediatez de su detección, se ha pasado de la empresa ficticia total a la parcial, que tiene algún tipo de actividad real y efectiva, aunque no la suficiente para el número de trabajadores contratados» que tiene de alta en la Seguridad Social.
