En los últimos tiempos se observa en la Región un alto grado de crítica hacia el Gobierno central, por parte de los regantes o de los empresarios, a cuenta del agua y las inversiones. ¿Qué tiene que decirles?

No comparto esas críticas. En lo que respecta al agua, tenemos que situarnos en el escenario de cinco años de sequía en el que estamos, el más largo en muchísimo tiempo. Sin embargo, el compromiso del Gobierno de España con la Región ha sido enorme desde el primer momento, poniendo en marcha medidas para paliar esta situación. El decreto de sequía se ha ido prorrogando sucesivamente, y ahora está en trámites de una nueva prórroga hasta septiembre de 2018. Estos decretos contemplan medidas que van desde la apertura de pozos de sequía a exenciones de cánones para los regantes, moratorias en el pago de los costes de la Seguridad Social de los agricultores. En total, el Estado ha invertido más de 300 millones en la Región. Se ha puesto orden a la situación de las desaladoras, que era caótica. Se están interconectando las plantas y se está incorporando agua desalada a todo el sistema, abaratando el precio. El año pasado se invirtieron 80 millones y este año están contemplados otros 40. También destacaría el Memorándum del Tajo-Segura. Ahora sí existe una garantía legal de la continuidad del Trasvase. Por otra parte, quiero destacar el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que benefician a la Región tanto en financiación como en inversiones. Aumenta en 693 millones el dinero que recibirá la Región a través de los mecanismos de liquidez. Desde 2012, la Región se ha beneficiado en 9.300 millones de estos fondos de liquidez, lo que ha permitido eliminar la enorme deuda comercial que tenía, reducir el déficit y un ahorro de intereses de 900 millones. Esos recursos se han podido destinar a gasto social e inversiones. Los Presupuestos contemplan todas las necesidades, en materia de comunicaciones, de la Región. Hay 100 millones para terminar las obras del AVE, se contempla la variante de Camarillas, la nueva terminal ferroviaria de Escombreras, la última anualidad de la autovía Jumilla-Yecla, que permitirá licitar el siguiente tramo, entre Yecla y Caudete. Tiene financiación la autovía del Reguerón, hay dotación para la llamada autovía del bancal, que permitirá firmar el convenio este año con la Comunidad, el tercer carril entre Monteagudo y Orihuela... Estas inversiones van a situar a Murcia como la región mejor comunicada de España. La Región tiene peso en el conjunto de la nación y está bien tratada por el Gobierno de España.

Otro de los grandes retos de la Región es la recuperación del Mar Menor. ¿Se está implicando el Estado lo suficiente?

La recuperación del Mar Menor pasa por todos los agentes, tanto las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) como cofradías de pescadores, regantes, asociaciones de vecinos... Se están haciendo muchísimas cosas. Por parte del Estado, pongo de relieve el proyecto de Vertido Cero, cuyas obras previstas están ya en estudio de impacto ambiental, y la contratación que se hizo en noviembre del Colector Norte del Mar Menor, que se culminará este año. La Administración central está trabajando para garantizar la sostenibilidad del Mar Menor.

Uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza le ha dado en esta legislatura es la situación del CIE de Sangonera. ¿Cómo es la situación actual? ¿Es tan mala la situación de los internos como denuncian desde algunos grupos políticos?

La seguridad ha mejorado gracias a las recientes inversiones. Se gastaron 120.000 euros para mejorar sus infraestructuras y garantizar la seguridad. Respecto a la situación de los internos, puedo decir que no tienen ningún déficit de atención, en ninguna de las facetas. El plazo medio de estancia en el CIE de Sangonera está en 20 días, el tiempo que se tarda en documentar a un interno y adoptar una decisión sobre su situación, cuando la legislación da un plazo máximo de 60 días. En el CIE de Murcia hay 130 plazas. Nunca se ha alcanzado esa cifra y ni mucho menos se ha sobrepasado.

¿Pero por qué se recluye a estas personas si no han cometido delitos?

Hay que aclarar que los CIE están regulados por normativa europea. Cuando entra alguien de forma irregular en cualquier país de la UE, lo primero que hay que hacer es identificarlo, determinar cuál es su situación y, de acuerdo con la normativa, acordar si procede su expulsión. Lo que la ley establece es que, durante el periodo de documentación, estas personas deben estar en centros no penitenciarios. No están en prisiones, cuentan con todos sus derechos civiles intactos. Para poder ir hacia un nuevo enfoque, habría que cambiar la normativa europea.

Llega el verano y la municipios costeros aumentan su población. ¿Se elevará este año la seguridad, con motivo de la alerta antiterrorista?

Como ya adelantó el ministro del Interior al presentar el Plan de Turismo Seguro, este año se duplicará el refuerzo de policías y guardias civiles en las costas, en las zonas donde se va a producir una mayor afluencia de veraneantes. Lo que está previsto es que la Guardia Civil, que tiene las competencias en la mayor parte de la costa murciana, incorpore 200 efectivos nuevos para vigilar el litoral. También habrá 40 nuevos policías nacionales, ya que la Policía tiene poca competencia en la costa. Es un dispositivo suficiente para garantizar la seguridad este verano.

¿Están suficientemente preparados nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad frente a la amenaza yihadista?

Por supuesto que sí. Tenemos los mejores cuerpos de seguridad del mundo. Como dato, puedo decir que desde que se produjo el atentado del 11M en Madrid, se ha detenido en España a 707 posibles terroristas yihadistas. Desde 2012, 243, tres de ellos en la Región, dos en Murcia y uno en San Pedro del Pinatar. Es el reflejo del extraordinario seguimiento que hacen sobre colectivos, personas o grupos que puedan estar radicalizándose y ser un posible terrorista en el futuro.

¿Pero qué se puede hacer ante alguien que ataca con un cuchillo o irrumpe con un camión en una aglomeración de personas?

Obviamente, no tenemos la garantía absoluta de que no se vayan a producir atentados. Sobre todo, cuando se actúa de esa manera. Ahora bien, la prevención es lo más importante. Hacer el seguimiento que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional, a través de las redes sociales u otros medios, de personas que están en proceso de radicalización y pretenden captar a otras personas para el terrorismo yihadista. Esto en España se hace de manera ejemplar.

¿Cómo calificaría, en general, la situación de la seguridad ciudadana en la Región de Murcia?

La situación es buena. Murcia es una región segura, con una calidad de vida muy buena gracias precisamente a que la tasa de criminalidad (35 delitos por cada mil habitantes) está bastante por debajo de la media española, que ya de por sí es muy baja (43 delitos por cada mil habitantes). Después de Suiza, España es el país donde los turistas valoran más la seguridad, según han apuntado algunos estudios. Cada año se va bajando la tasa de criminalidad mientras que sube la eficacia policial, que aumentó un 7,7% en el último trimestre. La seguridad es el factor que más aprecian los turistas de nuestro país, solo superada por la riqueza natural. Además, como preocupación, la seguridad ciudadana está en mínimos históricos. Eso es gracias a la extraordinaria profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Este año se han producido en la Región incidentes como las peleas entre grupos violentos de extrema derecha y extrema izquierda. ¿Esto significa que se está polarizando la sociedad murciana?

No creo que sea así. Estamos en una región tranquila, con calidad de vida y gente muy abierta. Con la información que tengo, no hay una polarización ideológica en la Región, ni mucho menos. De forma puntual, se han producido incidentes. Pero no existen organizaciones estructuradas. De todas formas, se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo, sobre todo en redes sociales, por parte de Guardia Civil y Policía Nacional para ver la evolución de estos grupos radicalizados, conocer su ‘modus operandi’, las actividades que realizan… Pero insisto en que son grupos que no están debidamente organizados ni responden a un esquema que pueda ser preocupante para la Región.

¿Era necesario autorizar una concentración de un grupo vinculado a la extrema derecha el día que se produce el desfile por el Orgullo LGTBI?

El derecho de reunión está recogido por la Constitución, regulado por una ley orgánica. Es un derecho que se ejerce, no se autoriza. La única obligación es la comunicación a la Delegación de Gobierno, que lo único que hace es darse por enterada. Eso sí, la ley permite poner alguna limitación, en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos y para evitar altercados contra el orden público. El pasado sábado, coincidía la manifestación de ‘No te Prives’ con la de ‘Lo Nuestro’. La Policía Nacional tenía información de que iban a confluir también colectivos antifascistas por la concentración de ‘Lo Nuestro’. Por eso actuamos para que este colectivo vaya al Parque Fofó y evitar así que puedan colisionar estas ideologías contrarias entre sí.

La Región vivió hace unos meses una crisis política por la investigación judicial al presidente, que acabó con su dimisión. ¿Dónde cree usted que debe estar la línea roja para que los investigados por corrupción abandonen sus cargos?

Hace falta un acuerdo nacional, para evitar el acoso al que se ven sometidos algunos políticos, como hemos visto en el caso del anterior presidente. Fruto de su honestidad y dignidad, presentó su dimisión, cuando no tenía porqué hacerlo, ya que le amparaba el derecho a la presunción de inocencia. Tenemos que respetar más este principio, porque nos iguala ante la ley. Se deben fijar líneas rojas que sean respetadas por todos, y no llevar a cabo acosos como el que ha sufrido Pedro Antonio Sánchez.

¿Está haciendo el Gobierno lo suficiente para erradicar la corrupción, que tanto afecta al Partido Popular?

Delinquen las personas, no los partidos, En cualquier organización con tantos cargos, puedes estar expuesto a que alguna persona haga algo en contra de la ley. El Gobierno ha realizado reformas tendentes a atajar el problema, endureciendo el Código Penal, reformando la Ley de Enjuiciamiento, creando nuevas figuras delictivas y dando más armas tanto a los jueces como a los fiscales para perseguir delitos.