Cuarenta y tres. Ni una más ni una menos. Estas son las enmiendas que han presentado los tres grupos de la oposición, PSOE, Ciudadanos y Podemos, de manera conjunta, al proyecto de ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que actualmente se tramita en la Asamblea Regional. Son modificaciones que sin ser «excesivamente agresivas», sí van a subir el tono de los controles sobre la agricultura que se practica en los aledaños de la laguna salada, sobre todo en la más cercana a la ribera del mar.
En las medidas presentadas por los tres grupos, que son de modificación, adición o supresión del articulado actual, los diputados regionales se han hecho eco de las propuestas de diversos agentes y plataformas sociales, como los ecologistas de Anse y Ecologistas en Acción; la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca (Favcac), la Plataforma Pacto por el Mar Menor y las asociaciones de Comerciantes de la zona, entre otros.
«Hemos tratado de mejorar el texto del real decreto aprobado por el Gobierno regional, y que logramos que se tramitara como proyecto de ley, pues consideramos que es insuficiente y no se enfrenta al problema que genera en la laguna los vertidos que le llegan», explica el diputado socialista, Antonio Guillamón. Él es uno de los firmantes, junto con María Giménez de Podemos, y Luis Francisco Fernández de Ciudadanos.
Pocas dudas hay de que las enmiendas no sean incorporadas al proyecto de ley, puesto que los diputados de la oposición son mayoría en la Cámara regional.
Una de las cuestiones sobre la que los parlamentarios han hecho más hincapié ha sido sobre la modificación de los límites de las tres zonas que recoge el decreto ley del Gobierno regional aprobado en abril de este año, en las que se define qué actividades agrícolas están permitidas y cuáles no.
Las tres zonas de aplicación abarcan una superficie total de 121.514,88 hectáreas del Campo de Cartagena, incluyendo terrenos forestales, agrícolas y urbanas. Las condiciones impuestas para la zona 1, de 9.132 hectáreas de influencia directa a la laguna, son las más estrictas.
«Nosotros hemos ampliado los límites tanto de la zona 1 como de la 2, y en el primer caso la hemos extendido, abarcando el perímetro para que incluya todo el Arco Sur», indica Guillamón. Por su parte, la zona 2 llegará ahora hasta la denominada cota 120, pues sigue teniendo mucha influencia agrícola. Esto provoca que la zona 3 se quede más recortada, ya que es la que menos afecta al Mar Menor, asegura.
Otro de los cambios propuestos se centran en las estructuras vegetales de barrera y conservación, destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de nitratos y protección frente a la erosión del suelo. En el decreto ley sólo se contemplan para la zona 1, pero la oposición quiere que se construyan en las tres zonas.
«Y hacemos también hincapié, porque así nos lo han recomendado los ingenieros agrónomos que hemos consultado, que para estas barreras vegetales se utilicen arbustos de especies autóctonas», apunta el diputado.
La única diferencia entre zonas, se refiere a los plazos, ya que la zona 1 o más cercana a la laguna, tendría 1 años para implantar estas barreras; dos años, para la zona 2 y tres años para la zona 3.
Por lo que respecta a la obligación de ajustarse a las curvas de nivel y suprimir el laboreo y cultivo a favor de la pendiente, todas las zonas tienen sólo un año de plazo máximo.
En lugar de incluir una enmienda que pretendía prohibir la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes en una franja que iba desde San Pedro del Pinatar al Arco Sur, los diputados han optado por introducir un nuevo artículo que impide el uso de los fertilizantes de liberación rápida, como nitrato amónico, urea y nitrato cálcico.
En su lugar, los agricultores deberán utilizar fertilizantes de liberación lenta, como el sulfato amónico. Estos abonos son igual de eficaces que los anteriores, argumenta la oposición, pero tiene un potencial contaminante mucho más bajo.
Asimismo, se ha incluido un nuevo apartado en el artículo 11 en el que se obliga a que todos los invernaderos tengan sistemas de drenaje en circuito cerrado, de tal forma que se recojan estos drenajes y lixiviados, y se garantice el no vertido de nutrientes y plaguicidas hacia la laguna salada.
Los diputados también han añadido un párrafo en el artículo referente a las obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales de agua, como tanques de tormentas, sistemas de retención o depósitos de laminación, en el que indican que será necesario la Evaluación de Impacto Ambiental. Así como que se deberá demostrar que estas infraestructuras han sido eficientes en la práctica; y que será necesario incluir los estudios de viabilidad económica y ambiental.
La oposición, en un nuevo apartado del artículo 19, también obliga a los agricultores a recoger en sus explotaciones todo tipo de material plástico u otros residuos que usen. Argumentan que eso no se hace ahora, y que estos residuos llegan tanto al fondo como a la superficie marina, e incluso a las orillas de la laguna.
En referencia a las infracciones, se añade un nuevo punto en el artículo 21, en el que se indica que la acumulación de dos faltas leves dará lugar a una falta grave; y que la acumulación de dos faltas graves dará lugar a una falta muy grave. Se justifica indicando que es «para evitar la reincidencia en los diferentes tipos de faltas».
El ámbito de actuación de este proyecto de Ley, como también lo era del decreto, incluye los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión y Murcia.
