El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la ley de simplificación administrativa de la Comunidad Autónoma que permite abrir una empresa presentando una 'declaración responsable' en la que su titular se compromete a cumplir todos los trámites burocráticos exigidos. El recurso, que ha sido promovido a través del Congreso de los Diputados, también impugna la reforma introducida en la norma murciana que contempla el silencio adminstrativo como una respuesta positiva, al considerar su promotores que contraviene la norma nacional, que confiere un carácter denegatorio a la ausencia de respuesta de la Administración. El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, destacó ayer que la admisión a trámite no implica la suspensión de la ley murciana que fue aprobada el pasado mes de diciembre al quedar convalidado en la Asamblea Regional un decreto ley del Gobierno regional. Hernández aseguró que el Ejecutivo tiene intención de seguir autorizando la apertura de nuevas empresas mediante la declaración responsable, dado que el texto cuestionado fue consultado previamente a la Abogacía del Estado.

Por su parte, el diputado del PSOE en la Asamblea Regional Alfonso Martínez Baños explicó que la ley recurrida «permite, por ejemplo, abrir una granja con 1.000 cerdos sin cumplir previamente los trámites que exige la Ley de Protección Ambiental». El parlamentario socialista sostiene que la norma murciana modifica 38 artículos «parcial o íntegramente», además de varias disposiciones del texto legislativo que regula la protección del medio ambiente. «La extensión y profundidad de la modificación operada cambia íntegramente el régimen de intervención administrativa en materia de protección del medio ambiente», según recoge el recurso

El consejero de Empleo contesta que la norma recurrida fue sometida a la aprobación de la Abogacía del Estado, que avaló su constitucionalidad. Respecto al ejemplo de la granja de cerdos que pone el PSOE, Juan Hernández responde que «para abrir este tipo de explotación es necesario haberla inscrito previamente en un registro». A su juicio, la ley murciana únicamente evita «duplicidades en los trámites. En la declaración de la renta tampoco se obliga a los contribuyentes a presentar todas las facturas», apuntó. En el caso de las pequeñas industrias y talleres la ley recurrida permite ahorrar hasta 60 trámites.

Tras la admisión a trámite del recurso promovido por el PSOE en el Congreso de los Diputados contra la ley regional de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo, el Constitucional da quince días de plazo a las partes para alegar. El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Ejecutivo de la Región y a la Asamblea.