Con peores perspectivas que antes de que comenzara la vista oral han llegado al ecuador del juicio los ocho exresponsables de la CAM acusados por el falseo de las cuentas de la entidad y el presunto cobro indebido de retribuciones que, en el más adverso de los escenarios, les puede suponer a varios de ellos su ingreso en prisión.

Tras dos intensas semanas de maratonianas sesiones, que en algunos casos han consumido mañana y tarde, el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo y del que forman parte Paloma González y el canario Juan Francisco Martel, el ponente de la sentencia, hace un receso de dos semanas llevándose en la retina testimonios tan demoledores para los encausados como los de los inspectores del Banco de España, el del responsable de la auditora que fiscalizaba la gestión de la caja o el panorama desolador que dibujaron los administradores provisionales designados por el FROB. Comparecencias en las que se ha escuchado relatar sin titubeos cómo el departamento de Inversiones y Riesgos que dirigía el hoy acusado Francisco Martínez, lejos de ejercer de abogado del diablo (esa fue la expresión que utilizó el inspector para dejar claro cuál era el cometido que de esa dirección se esperaba en cuanto a la detección de las sombras que podían ocultar operaciones promovidas por el área comercial), optó por actuar como el bombero que pretende apagar el fuego con gasolina.

Algo que, según sostienen el Banco de España y las acusaciones, contribuyó a crear una imagen falsa de la entidad que, a la larga, se la acabó llevando por delante. Baste recordar en este punto el lamentable episodio de la ruptura de la unión con otras tres cajas (SIP) tras descubrir los pretendientes que la novia no aportaba la dote que decía. Un modus operandi que, citando de nuevo lo dicho ante la sala por los funcionarios del organismo regulador, «no se puede entender sin las órdenes del principal ejecutivo» al enmarcarlo en unas directrices que manaban de arriba abajo.

¿Qué se puede esperar de una política de incentivos que primaba por igual al empleado que lograba el cobro de los créditos que al que los refinanciaba?, llegó a decir el inspector.

Y si a esto se añaden las acusaciones de los auditores externos sobre la supuesta ocultación de una información sin la que no se pudo descubrir que lo que se vendía como un negocio redondo tal vez ni siquiera era negocio, el panorama para los encausados a estas alturas del juicio, decía, no es el mas halagüeño.

Pero no todo van a ser sinsabores para los ocupantes del banquillo de los acusados. De momento restan diez sesiones (la otra mitad del juicio) en las que faltan por desfilar testigos de las defensas y peritos, varios de ellos a instancia de parte, así como los informes de sus abogados. Además, los ocho han tenido la oportunidad de exponer al tribunal su versión de los hechos, en la que todos han defendido su buen hacer en la gestión de caja.

Sin fisuras significativas en el caso del expresidente Modesto Crespo (aunque sí dejó caer que él firmaba lo que le ponían delante) y de los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

Y con un fuego cruzado (un detalle que no habrá pasado desapercibido a los magistrados) entre el departamento de Riesgos (donde, además de Martínez, también está acusado su subordinado Juan Luis Sabater) y el de Planificación y Control (el de Teófilo Sogorb y Salvador Ochoa).

Ambos en liza por si los primeros, artífices de las ventas de créditos fallidos (las famosas titulizaciones) ocultaron a los segundos, encargados de registrarlas como contables que eran, que se vendían con una opción de compra que anulaba el efecto liberalizador del riesgo, lo que supuestamente se pretendía. Es decir, que a la postre era un maquillaje que ocultaba las manchas, pero que no las eliminaba.

Aún así, en su haber cuentan también los acusados con el capote que les han echado ante la sala antiguos colegas como José Pina (que recordaba hasta el más mínimo detalle a preguntas de las defensas pero que se escudó en que no tenía cargo cuando llegó el turno de contestar a las acusaciones) o Agustín Llorca, quien aprovechó su momento ante el tribunal para señalar al Sabadell como responsable en el pago de las cuotas. Y con la tibieza de testimonios como los de sus socios frustrados de Cajastur y hoy Liberbank, Manuel Menéndez y Jesús Ruano, haciendo buena la máxima de que perro no come perro.