Los sindicatos advierten de que la precariedad y los bajos salarios que están cobrando los jornaleros ponen en peligro «la paz social» en el campo. Los secretarios generales de UGT y CC OO, Antonio Jiménez, y Santiago Navarro, no descartan que las difíciles condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores de la agricultura desencadenen movilizaciones como las que se han producido en las últimas semanas en varias empresas de la Región, que fueron organizadas al margen de los propios sindicatos. Los dirigentes sindicales tachan de «triunfalista» la versión que ofreció la Consejería de Empleo tras la reunión con los representantes de las empresas de trabajo temporal (ETT), las organizaciones patronales de las compañías que utilizan sus servicios y la Inspección de trabajo para poner coto a «los abusos» en la contratación. Los participantes en el encuentro, que se enmarca dentro de la Estrategia por el Empleo de Calidad, llevarán sus propuestas a una nueva reunión dentro de varias semanas.

Jiménez y Navarro esgrimen los datos del informe presentado ayer por UGT, que eleva al 84,4% el volumen de contratos de las ETT en el sector agrario, para dejar claro que la práctica totalidad de los empresarios del campo funcionan con una plantilla mínima, porque acuden a las empresas de trabajo temporal cuando necesitan mano de obra. Sostienen en primer lugar que se está produciendo un uso abusivo de estos servicios, que constituye «un fraude de ley», aunque también denuncian que las ETT están pagando salarios inferiores a los que establece el convenio colectivo, al tiempo que obligan a realizar «jornadas extenuantes», con largos traslados dentro de la Región, que dan lugar a constantes accidentes de tráfico. «Hay empresas que pagan cuatro o cinco euros por hora, cuando el convenio estable 6,50», aseguran.

Según apuntó Santiago Navarro, «el hecho de que los inspectores de Trabajo hayan levantado 78 actas de infracción en 110 actuaciones» constata las irregularidades que están produciéndose. «Es un porcentaje muy alto», precisó.

Según dijo Antonio Jiménez, los bajos salarios y las condiciones de precariedad hacen que «muchos trabajadores vivan en unas condiciones de indigencia, durmiendo incluso en los cajeros, porque no pueden pagarse un alojamiento digno».

Ambos advierten de que las penurias a las que se ven sometidos pueden acabar desencadenando movilizaciones, dado que tampoco se cumplen las condiciones de seguridad y salud laboral, pero las ETT y las empresas usuarias de sus servicios se culpan mutuamente de estos incumplimientos, según indicó Jiménez. «La precariedad es tan exagerada porque hay un uso abusivo de las ETT», afirmó.

Por su parte, Navarro recordó que ya se han producido protestas organizadas directamente por los trabajadores en una empresa de El Raal y en otra de Mazarrón, que pueden extenderse si la Administración y la Inspección no toman medidas para atajar los incumplimientos. Entre las actuaciones que reclaman incluyen la identificación correcta de los propios jornaleros, que a veces aparecen con documentos pertenecientes a otras personas, y la cotización por todos los días realmente trabajados. Quieren que el convenio obligue a las empresas a facilitar partes de trabajo para que exista un control.

El informe elaborado por UGT constata que durante el año 2016 las ETT hicieron en la Región 411.000 contratos, que representan cerca de la mitad del millón que firmaron las empresas murcianas en total el pasado año. En 2009 el número de contratos de puesta a disposición no llegaba a los 140.000, lo que supone que se ha multiplicado por tres en los últimos nueve años.

A su vez, el número de trabajadores que mueven las ETT se ha duplicado desde 2008 y rozaba los 20.000 el pasado año. Entre enero y febrero de 2017 hicieron en la Región 80.138 contratos, el 14% del total registrado en España, según los últimos datos del Ministerio de Empleo, lo que muestra la desproporción que existe entre la Región y el resto de comunidades.

Según la Consejería de Empleo, en Murcia «hay 14 ETT, pero cualquiera de las 52 empresas de trabajo temporal del territorio nacional puede operar en la Región».