Empleo público

Desaparece la limitación de tres años para los contratos de interinos

PP y PSOE pactan una enmienda que elimina el plazo máximo de permanencia en la Administración recogido en la redacción inicial

01.06.2017 | 04:00

Un acuerdo entre el PP y el PSOE ha eliminado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 la limitación de los contratos de los interinos y eventuales de las administraciones públicas a tres años. El apartado más conflictivo del artículo 19 del texto legislativo aprobado ayer en el Congreso, que sembró la alarma entre los empleados públicos con contratos temporales, desaparece en la redacción definitiva. Se mantienen las restricciones a la contratación, que solo se permitirá en caso de «necesidades urgentes e inaplazables». En la Región se calcula que hay unos 23.000 eventuales entre la Comunidad, los ayuntamientos y la Administración central que se libran de la cuenta atrás.

El artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos del Estado establecía que: «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento».

La enmienda pactada entre PP y PSOE mantiene la prohibición de contratar «personal temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables». Al poner ahí el punto final, desaparece la limitación a tres años que establecía el anteproyecto remitido por el Gobierno al Congreso. En la nueva redacción del artículo 19 tampoco aparecen las restricciones contempladas anteriormente para limitar este tipo de contratos a sectores que pudieran ser considerados prioritarios o que afectaran al funcionamiento de los servicios públicos.

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