Teresa Navarro es, además, directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad y secretaria del Instituto del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia. Dirige mañana en la UMU el seminario 'El papel de los mercados del Agua en la gestión de Recursos Escasos'. Experta en temas hídricos, la profesora tiene claro que no se va a acabar con la diferencia entre la España húmeda y la España seca a corto ni medio plazo por ser un asunto que está muy politizado y con el territorialismo a flor de piel.

¿Qué papel tienen actualmente los mercados del agua?

Debemos partir del hecho de que llevamos ya dos años de sequía en la cuenca del Segura y que ésta es la tercera sequía desde la década de los 90. Y cada vez se extiende más a otras zonas de la Península, donde siempre han tenido disponibilidad de recursos. Así es un problema global y prioritario, y los poderes públicos deben tomar cartas en el asunto. Los mercados del agua en este campo, son herramientas que les permiten actuar para paliar la situación: son los bancos del agua y los contratos de cesión de derechos de agua. Se pusieron en marcha en 1999 pero de una manera muy limitada, restrictiva y que restaba agilidad y efectividad a los instrumentos. En 2005 se modificó la legislación para agilizar más los contratos de cesión y que pudieran utilizar las infraestructuras de los trasvases existentes. Esa reforma permitió sortear esa sequía. Y para los bancos del agua, las Confederaciones recibieron dinero para adquirir caudales para fines medioambientales.

A pesar de esas reformas, los regantes se quejan de la lentitud en las resoluciones.

Sí y ese es el objetivo de este seminario: poner en común los fallos del sistema, ver cómo subsanarlos y reclamar la reforma normativa necesaria para que este instrumento pueda impulsarse y sea efectivo. En el caso de las cesiones, por ejemplo, podría reconocerse expresamente en la ley a los usuarios del Trasvase para que puedan celebrar el contrato y así evitar conflictos legales. Cuanto más clara sea la ley, menos conflictividad legal se producirá en los tribunales. Aunque hay que dejar claro que por sí solos los mercados del agua no pueden solucionar un problema de tan hondo calado como es el déficit de recursos de las cuencas deficitarias.

¿Cuál es su propuesta?

La solución es complicada, porque todos los procedimientos administrativos requieren sus tiempos, suele ser largos y pesados, e incluso hay cuestiones de interpretación jurídica que los ralentizan. Pero en situaciones de urgente necesidad habría que intentar agilizarlos. Por ejemplo, en el caso del banco del agua, las confederaciones hidrográficas deberían tener dotación presupuestaria para adquirir caudales de los usuarios cedentes; o hacer permuta de caudales; o que el organismo no tenga que adelantar el pago de esos caudales hasta que, una vez hecha la oferta pública de cesión, no haya alguien que los adquiera. Aquí pedimos que el usuario cedente haga un préstamo a la Confederación y así paliar la falta de dotación presupuestaria que estos organismos tienen para adquirir los caudales y que impide el desarrollo de los bancos.

¿Sería interesante también un banco entre cuencas?

Esa sería otra propuesta que podría iniciarse con un banco del agua que conecte a los usuarios de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar, porque tenemos la infraestructura, como es el Trasvase. El déficit estructural de la cuenca del Segura sólo se podrá solucionar con la aportación de recursos externos. La utopía es crear un banco de agua a nivel nacional.

Sí, con la política hemos topado...

Efectivamente. Se necesita un poder público con una visión de Estado para solucionar el problema del agua. Unos gobernantes fuertes y decididos para acometer las decisiones indispensables. El principal problema con el agua es que se ha politizado. Los estudiosos hemos dicho muchas veces que es lamentable que esto se utilice como herramienta política y los gobiernos no tomen decisiones valientes incluso con mayoría absoluta. Y va unido al territorialismo en torno a los recursos que sienten muchas comunidades autónomas, pese a que el dominio público hidráulico es un bien estatal, y pertenece a todos. Eso condiciona al poder político, porque al fin y al cabo los ciudadanos votan.