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La Comunidad podría realizar autopsias a trabajadores que fallecieron por exposición al amianto

La Consejería de Salud espera que el Ministerio de Justicia firme el convenio en las próximas semanas

02.06.2017 | 04:00
Integrantes de la Asociación de Perjudicados por el amianto, ayer en la Asamblea.

La Consejería de Salud espera que el Ministerio de Justicia firme el convenio que permita hacer autopsias a cadáveres de trabajadores que pudieron fallecer por enfermedades relacionadas por su exposición al amianto, que hasta el momento solo se le ha podido practicar a cinco en el área de Cartagena.

El consejero de Salud, José Manuel Villegas, anunció al pleno de la Asamblea Regional de Murcia que en las próximas semanas se suscribirá el acuerdo que establece un protocolo que permita la toma de muestras de tejidos pulmonares de esos cuerpos para detectar si murieron por asbestosis.

Hasta el momento, solo se permite realizar autopsias a fallecidos cuando el juez estime la petición realizada por las familias para exhumar los cuerpos y tomar restos de sus pulmones, que tienen que llevar aparejado un informe médico que vincule la muerte con las dolencias vinculadas al amianto, como cáncer de pulmón o enfisemas.

Villegas se ha comprometido a reunirse en los próximos días con la Asociación de Perjudicados y Afectados de Enfermedades producidas por el Amianto (Apena), que se han manifestado a las puertas de la Asamblea coincidiendo con el debate de la interpelación de Podemos.

El consejero negó que su departamento no haya avanzado en la atención, control y seguimiento de los enfermos por amianto, para lo que hay una unidad específica en el hospital Santa Lucía, de Cartagena.

Incidió también en que empresas como Navantia, Enfersa o Valeo presentaron el listado de casi 3.000 trabajadores que pudieron estar expuestos al amianto durante su actividad laboral, pero Repsol no ha facilitado la relación de empleados amparándose en que no estuvieron afectados por el asbesto.

Sin embargo, la diputada de Podemos María Ángeles García criticó la "dejadez" y el "pacto de silencio" de la administración regional con las empresas, de forma que solo se diagnostica como enfermedad profesional causada por el asbesto el 5% de los 8.000 casos de dolencias que se pueden vincular con la exposición al amianto.

García achacó este bajo porcentaje a que se atribuye el fallecimiento al tabaco u otras enfermedades no profesionales, con lo que el trabajador no ve aumentada la pensión, ni tampoco a su muerte su viuda, unos incrementos que deberían abonar las empresas.

Finalmente, pidió a Villegas que firme un real decreto que exija a Repsol que entregue urgentemente el censo de sus exempleados expuestos al asbesto para que se pueda detectar tempranamente estas dolencias, que pueden estar latentes hasta 30 años después de haber estado trabajando con amianto en el puesto de trabajo.

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