PP y Ciudadanos presentaron ayer enmiendas a la totalidad a la proposición de ley del PSOE sobre derechos y garantías en el proceso de morir, que será rechazada antes de su debate debido a que estos partidos suman mayoría en la Asamblea Regional.
Las dos formaciones justifican su negativa en que ya se ha iniciado en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley para que haya una norma nacional que evite desigualdades al abordar la muerte digna en las comunidades autónomas, ocho de las cuales ya han aprobado leyes sobre ella.
El viceportavoz del Grupo Popular, Domingo Coronado, considera «un error» hacer desiguales a los españoles en el proceso en el que terminan sus vidas, con las normas ya aprobadas en Andalucía, Aragón, Canarias, Navarra, Galicia, Baleares, País Vasco y Madrid. El PP considera que la atención a los enfermos en fase terminal, que se identifica con los cuidados paliativos, es esencial en el sistema de salud, por lo que se debe garantizar su adecuado desarrollo en cualquier lugar, circunstancia o situación sobre los principios de equidad y cobertura de la red sanitaria. Rechazó que se legisle en cada comunidad sobre ella porque puede haber diferencias en las medidas de cada Gobierno regional y en la formación de los profesionales que deben prestar asistencia médica a los enfermos terminales.
La iniciativa socialista pretendía regular los mecanismos que faciliten y den visibilidad al derecho a la muerte «digna y en paz» de aquellas los terminales que no quieren que se siga alargando su agonía de forma artificial.
La proposición de ley de los socialistas abocada al fracaso estipulaba los derechos a decidir una muerte digna de los mayores de 16 años, a la retirada de medicamentos o aparatos que mantienen la vida de forma artificial, a recibir cuidados paliativos de calidad o a la intimidad de estos pacientes, que contarían con una habitación individual en los hospitales.
