«No hemos estado callados, simplemente es que nosotros funcionamos si así lo piden los integrantes y en los últimas semanas algunas de las organizaciones agrarias han querido hacer una serie de actividades con las que no estaban de acuerdo todos los de la Mesa; por eso han tenido la libertad de hacerlo bajo su propia representación». Así explicó ayer el presidente de la Mesa del Agua de la Región de Murcia y máximo representante de la patronal murciana, Croem, José María Albarracín, la desmovilización de esta entidad como tal, a la vez que confirmó que el próximo viernes, día 19, se reúnen en San Esteban con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.
Albarracín, sin embargo, quiso subrayar que «ni la unidad de acción ni la unión de la Mesa ha estado nunca cuestionada por nadie de los que lo componen». Este foro está integrado por todas la organizaciones agrarias (Coag, Upa, Asaja); cooperativas (Fecoam, Fecamur); empresas productoras y exportadoras (Proexport y Apoexpa); empresas agroalimentarias, como Agrupal; sindicatos de regantes (Scrats y Jucers) y la patronal Croem.
En su opinión, la reunión del lunes servirá para «dar un paso más» y mostrar la fuerza que sigue teniendo la Mesa para defender el sector; «ratificarlo, aunque no debería hacer falta».
La intención de Albarracín es convocar a una reunión previa a la entrevista con el presidente a todos sus integrantes para poner en común y decidir qué puntos se van a poner encima de la mesa. De todas formas «tenemos muy claros los más acuciantes».
Entre ellos, enumeró el necesario encuentro, «lo antes posible», y ya solicitado, con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y su equipo, porque, entre otras cuestiones, le quieran plantear la renovación «inmediata» del Decreto de Sequía, antes incluso de que acabe el presente año hidrológico (30 septiembre 2017). «Hay que tener en cuenta que la sequía trasciende la cuenca del Segura, y ya afecta igualmente a la del Tajo», indicó Albarracín.
La liberalización de la cesión de los derechos del agua y la agilización de la puesta en marcha de los pozos de sequía y los del Sinclinal, «siempre respetando la ley», figuran entre las demandas.
