El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, propuso ayer ante el secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, que el Estado asuma los 6.o48 millones que debe Murcia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por culpa de la escasez de recursos que ha recibido la Comunidad Autónoma para financiar los servicios públicos desde que se inició la crisis económica. Andrés Carrillo calculó en unos 150.000 millones la deuda de las comunidades motivada por la caída de los ingresos procedentes del Estado y recordó que «la mutualización» de los créditos del ICO a los que tuvieron que recurrir las comunidades no incrementaría el endeudamiento de España, puesto que simplemente pasarían de las autonomías a la Administración central.

«Esto supondría que el Estado asumiría más de dos tercios de la deuda regional, unos 6.000 millones de euros», precisó Carrillo.

Aunque no es la primera vez que el responsable de las arcas regionales revindica la necesidad de aliviar la situación de las comunidades que, como Murcia, han pedido prestado cuando la recaudación dejó de alimentar el gasto público, sí era la primera vez que el consejero de Hacienda se pronunciaba a favor de lo que el llama «la mutualización de la deuda» ante un alto cargo del Gobierno central, como es el número dos de la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santamaría.

Al acto, organizado por ESADE Alumini en Madrid, asistió también el director del Servicio de Estudios del BBVA y profesor de la Universidadde Valencia, Rafael Doménech.

Por otra parte, el consejero murciano es partidario de excluir del traspaso de la deuda autonómica al Estado a «las comunidades que pongan en marcha procesos secesionistas», lo que impediría que Cataluña se beneficiara de esta medida. Carrillo reclama «la revisión urgente del actual sistema de financiación autonómica para este mismo año, que deberá ser aprobado independientemente del grado de consenso en el informe que presente la comisión de expertos, por lo que el Gobierno central tiene que elaborar un nuevo modelo que sea ratificado por las Cortes Generales en 2017».

El consejero aseguró que no se pueden mantener «las diferencias de financiación actuales. Son inaceptables y sin justificación política ni técnica», indicó, «puesto que un murciano no debe recibir una cantidad tan diferente a cualquier otro español como ocurre en la actualidad». Añadió que en el caso de que el Estado no contase con recursos suficientes que aportar para corregir la infrafinanciación, el Gobierno regional propone «una aplicación progresiva del nuevo modelo. El Gobierno central debe garantizar que los incrementos de recaudación de los próximos años irían destinados a reducir las diferencias de financiación por habitante entre comunidades autónomas», concretó el consejero autonómico.