Un representante legal de la empresa alhameña Juanjor S. L., mercantil investigada por el Caso Mar Menor, declaró ayer en el juzgado de instrucción número 2 de Cartagena. Dijo que los melones que su firma cultiva en la zona Arco Sur del Mar Menor no contaminan la laguna salada. Así, según los presentes en la sala, el portavoz de este mayorista de frutas y hortalizas alabó que su compañía lleva a cabo un cultivo tradicional con riego por goteo. También defendió que no han roturado tierras, ni modificado el trazado de las ramblas. Eximiéndose también de las culpas que les echan los vecinos por las inundaciones que sufrieron por la lluvia. El representante de Juanjor S. L. no quiso explicar su versión a LA OPINIÓN.

Ayer también declararon ante la magistrada María Pascual los hermanos J. A. L. y M. A. L., que son propietarios «de unos pequeños terrenos», dijeron antes de entrar en la sala de vistas. Ellos señalaron a la jueza que no son responsables de la contaminación del Mar Menor, al tener sus tierras arrendadas a otras empresas, que se dedican a la agricultura. Asimismo, dijeron no tener constancia de qué hacen los agricultores en sus terrenos. Un argumento similar al que emitieron en marzo ante la magistrada las sociedades Agrícola San Ginés, Suniter, Convasa, Herbuma y World Fruit Company. Estaba previsto que declarase también la mercantil Garabalda Inversiones, pero no lo hizo. La Justicia no puede contactar con sus administradores.

Los vecinos los culpan por seguir alquilando sus tierras

La acusación popular, integrada principalmente por asociaciones de vecinos, acaba de quedarse sin abogado por no llegar a un acuerdo económico con la minuta de su letrado, Antonio Casado. Ahora buscan un nuevo abogado para salvar el Mar Menor. El presidente vecinal de Mar de Cristal, Ángel Monedero, señaló ayer que «los dueños de los terrenos no pueden eximirse de sus culpas por tener sus propiedades arrendadas a terceros. No pueden decir que no saben lo que pasa en sus tierras. Ya son responsables de los desmanes que allí se cometen, porque tienen constancia que la Justicia investiga cuatro posibles delitos: medioambiental, usurpación de aguas, ordenación del territorio y contra el patrimonio». Asimismo, Monedero concluye que el único que ha paralizado su contrato con los agricultores ha sido el empresario Tomás Olivo.