El arquitecto Juan García Parra y el aparejador e ingeniero en edificación Luis Alberto Valera se ratificaron ayer en sede judicial en el informe pericial que hicieron a petición de la acusación particular de Podemos en el caso Auditorio, ejercida por el letrado Ginés Ruiz, que habla de un sobrecoste injustificado de 1,2 millones de euros en la obra del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, un proyecto llevado a cabo en la época en la que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez era alcalde de la localidad.
El magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Julián Pérez-Templado, también citó para un posible careo con los peritos de las defensas de los investigados (los técnicos Antonio García, Francisco Ruiz-Gijón, Mariano Alegría y Salvador Aledo). Esta petición había sido hecha por el letrado de Sánchez, Francisco Martínez Escribano, propuesta a la que no se opuso el ministerio fiscal. Asimismo, estaba citado l perito de la Fiscalía, Andrés Checa.
El careo con los peritos de Podemos, ambos de Almería, se llevó a cabo finalmente por espacio de unas cuatro horas, según informaron fuentes cercanas al caso. Todos se ratificaron en sus pareceres iniciales.
Pedro Antonio Sánchez, que todavía continúa como diputado en la Asamblea Regional y es presidente del PP de la Región de Murcia, es investigado en el caso Auditorio como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad. El expresidente prestó declaración ante el magistrado instructor Pérez-Templado el pasado 6 de marzo y su defensa solicitó el sobreseimiento de las actuaciones al entender que no había responsabilidad penal que achacarle a él. Presentó la representación procesal de Pedro Antonio Sánchez un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entera, que exculpaba al expresidente de los cinco delitos por los que se le investigaba.
Sin embargo, el magistrado Pérez-Templado rechazó archivar ya las actuaciones, según una providencia reciente, en la que consideraba que no era el momento procesal oportuno para llevar a cabo dicha decisión.
