Convenio colectivo

El Gobierno reduce a tres años los contratos a los interinos y eventuales

El artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado restringe las nuevas incorporaciones y limita su duración a 36 meses

09.05.2017 | 09:04
Protesta de profesores interinos contra la convocatoria de oposiones.

El SIDI da la voz de alarma ante la repercusión que tendría la reforma en la Región y pide el respaldo de los demás sindicatos a la protesta convocada para el día 16

Los interinos, el personal estatutario y los empleados laborales con convenio colectivo de la Administración no podrán permanecer más de tres años en el puesto de trabajo. El Gobierno ha introducido una modificación en la Ley de Presupuestos del Estado para 2017 que pone fecha de caducidad a las contrataciones temporales en las instituciones del sector público.

El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha dado la voz de alarma ante las consecuencias que puede tener la reforma en la Región a partir de ahora, dado que la tasa de interinidad ronda el 25%, aunque se supera este porcentaje en el Servicio Murciano de Salud. Esto supone que entre la Comunidad Autónoma, la Administración central y los ayuntamientos suman cerca de 23.000 empleados públicos sin plaza en propiedad, aunque no está claro cómo les afectará el límite de permanencia de 36 meses contemplado los Presupuestos de este año, que cuentan con el apoyo del PNV y de los nacionalistas canarios.

La limitación se produce a raíz del tirón de orejas que ha dado el Tribunal de Justicia Europeo al Gobierno español por el encadenamiento de contratos eventuales que se existe en las instituciones públicas. De momento, el texto legislativo ha superado ya las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición y ahora encara el debate de las enmiendas parciales.

La reforma legal ha sido introducida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos del Estado, en el que se establece:

«No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.  La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento».

El SIDI ha reaccionado ya ante la limitación convocando una concentración para el próximo día 16 ante la Delegación del Gobierno en contra de la reforma, a la que ha invitado a participar «a todas las organizaciones, asociaciones y personas interesadas en compartir con nosotros esta reivindicación para que se sumen a esta campaña de recogida de firmas».

El Sindicato de Interinos considera que «esta propuesta es un ataque a la estabilidad laboral de los funcionarios interinos y obligaría a la rotación de estos puestos de trabajo», por lo que pide el respaldo «desde cualquier lugar del país» en favor de la campaña. «Las consecuencias de esta medida serán caóticas para muchos de nosotros», afirma el SIDI.

Fuentes de la organización aseguraban ayer que en apenas un par de horas habían firmado la propuesta casi 6.000 personas, aunque esta cifra rozaba anoche ya las 11.550.

El porcentaje de interinos y personal eventual en las administraciones de la Región se cifra en el 25% según los sindicatos, aunque en el Servicio Murciano de Salud esta proporción alcanza el 36,9%, de acuerdo con un estudio realizado por CC OO.

Teniendo en cuenta que la Encuesta de Población Activa del primer trimestre sitúa la cifra de empleados públicos de la Región en 91.000, los interinos y contratados eventuales rondarían los 23.000. No obstantes, la EPA sitúa el porcentaje de asalariados eventuales de las administraciones públicas murcianas en torno al 20%, lo que reduciría el número a 18.000.

De momento, el Gobierno no ha aclarado cómo aplicará la limitación de tres años y a qué empleados públicos afectará.

Indemnizaciones por despido
Por otra parte, la sentencia que reconoce a los despedidos de la Administración los 20 días de indemnización por año trabajado que tienen los asalariados de la empresa privada ha dado lugar a una avalancha de reclamaciones presentadas por los interinos y los empleados temporales que han salido de la plantilla de la Comunidad en los últimos años. El asesor jurídico del SIDI, Luis Prieto, aseguraba ayer que este sindicato ha presentado ya 250 demandas de indemnización. Los demás sindicatos también habían anunciado su intención de exigir el pago de los 20 días por año trabajado.

Sin embargo, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tan solo reconoce haber recibido 51 reclamaciones hasta el 1 de mayo. De momento, ninguna de estas demandas ha dado lugar a una sentencia judicial, por lo que sigue siendo una incógnita la interpretación que los tribunales españoles harán del fallo del Tribunal con sede en Luxemburgo.

El Departamento de Andrés Carrillo sostiene que la sentencia del Tribunal Europeo «no reconoce ningún tipo de indemnización para los interinos que tienen una relación estatutaria no sometida al Derecho del Trabajo y sí al Derecho Administrativo. En el ámbito funcionarial no existe la figura del despido y por tanto tampoco existen las indemnizaciones. La normativa estatal básica y la de la CARM no contemplan las indemnizaciones cuando se revoca el nombramiento de un funcionario interino si cesa por las causas legalmente establecidas».

La Administración regional sostiene que las sentencias conocidas hasta ahora se han producido a raíz de las reclamaciones presentadas por personal laboral y da por hecho que no tendrá que indemnizar a los interinos.

«La normativa estatal básica y la de la CARM no contemplan las indemnizaciones cuando se revoca el nombramiento de un funcionario interino cuando cesa por las causas legalmente establecidas. Los pronunciamientos que conocemos de la UE son de relaciones laborales bien de contratos temporales de interinidad o bien de indefinidos no fijos, a los que la UE reconoce una indemnización de 20 días por año y no del ámbito funcionarial», precisó Hacienda.

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