La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia para denunciar que a la mujer que aseguró haber sufrido acoso por parte de un superior le descontaron 400 euros de la nómina de agosto.
Según explicaron desde AUGC cuando salió a la luz el caso, el pasado verano, el sargento O. M. G. y su subordinada mantuvieron una relación consentida durante cuatro meses, pero ésta se terminó y el hombre, según la denunciante, comenzó a proponerle encuentros sexuales a los que ella, según aseguró, se negaba.
A O. M. G. se le acusa de un delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato.
En julio, el entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, firmaba la suspensión del sargento, destinado en el puesto de Molina de Segura. El juicio contra este hombre, indicaron desde AUGC, se celebrará tras el verano, según las previsiones.
Fuentes de la citada organización apuntaron que «cuando un funcionario causa baja médica, del primer al tercer día cobra el 75% del sueldo; del día 4 al 21, el 50% y, a partir del día 22, todo, excepto cuando la baja sea por una enfermedad profesional».
Pide la incapacidad permanente
Desde AUGC aseguran que «a raíz de saltar la noticia en la prensa», hubo más complicaciones para la denunciante. Que entonces emitió un informe sobre su estado de salud un facultativo que no la había visto nunca, en concreto «el coronel médico» de la Comandancia». «Nunca ha examinado a esta chica, porque se le prohibió por un juzgado togado militar», resaltan en la asociación. El informe de este médico, que consideró que lo que le pasaba a la mujer era una enfermedad común, es lo que dio lugar a que le descontasen los 400 euros de la siguiente nómina, la de agosto. «Presentamos un escrito en el que decíamos que debía de ser un error, ya que había un informe del psiquiatra forense y del psicólogo forense», detallaron desde la asociación unificada.
Agosto de 2016 fue el único mes en el que la denunciante sufrió este descuelgue salarial, especificaron desde AUGC, cuyos servicios jurídicos se han encargado de ejercer la acusación en este caso. La mujer, de unos 40 años de edad, inició su baja en marzo del año 2015, y continúa con ella. Su intención es pasar a situación de «prejubilación por incapacidad permanente absoluta».
El Juzgado Militar Territorial número 14, con sede en Cartagena, procesó a O. M. G, que desarrollaba su labor en Molina de Segura como jefe del área de Atención al Ciudadano. El hombre, que no llegó a estar en prisión provisional, en todo momento negó los hechos de los que se le acusa e hizo hincapié en que las relaciones fueron consentidas.
