El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma cautelar dos preceptos de la reforma de la ley de la vivienda de la Región de Murcia, mientras resuelve el recurso promovido por el Gobierno central contra los mismos, que ha admitido a trámite.
En una providencia, el TC da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Ejecutivo murciano y a la Asamblea Regional, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad que el tribunal resolverá en próximas fechas, aclara el TC.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo presentar el recurso por entender que dichos preceptos exceden las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga al Gobierno autonómico.
El Gobierno central recurrió los artículos Primero (apartados 10 y 11) y Segundo (apartado 2) de la ley, una normativa autonómica que regula dos procedimientos de mediación extrajudicial, relativos a los conflictos de consumo en materia de créditos o préstamos hipotecarios y a la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
En lo que se refiere a los denominados grandes tenedores de vivienda, se preveía que formulen una propuesta de alquiler social de forma previa y establecía medidas para garantizar el derecho de acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a colectivos en riesgo de exclusión residencial.
La Comunidad Autónoma fundamenta su competencia en los artículos 10.2 y 11.7 de su Estatuto de Autonomía, pero el Gobierno entiende que la mencionada ley contiene preceptos que no se circunscriben a las competencias estatutarias en materia de defensa del consumidor y de vivienda.
También considera el Gobierno que se vulneran las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado sobre legislación procesal, legislación civil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La ley murciana impide los cortes de luz
El Gobierno central anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por la Asamblea Regional que blinda a las familias sin recursos contra los cortes de luz y de gas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) mostró su sorpresa ante el rechazo de Madrid, dado que los artículos cuestionados por el Estado también aparecen en la ley catalana, pero no han sido impugnados, aunque el Estado sí ha recurrido otros aspectos del texto vigente en Cataluña.
El representante de la PAH Francisco Morote explicó que la Asamblea Regional copió de la ley catalana la mayor parte de los artículos relativos a la pobreza energética, que fueron introducidos mediante la reforma de las leyes de Vivienda y de los Estatutos de Consumidores y Usuarios, con el apoyo de la oposición y voto en contra del PP.
El texto fue publicado en BORM el pasado mes de junio. El 6 de septiembre el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, comunicó al Gobierno regional la decisión del Estado de recurrir al Constitucional algunos de los artículos de la ley murciana relativos a la pobreza energética y también a los desahucios.
Uno los preceptos rechazados por Madrid, que aparece en el artículo 13 de la ley murciana, establece que «las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades en situación de riesgo de exclusión residencial mientras dure dicha situación. En el caso del gas, el derecho de acceso únicamente se garantiza si el edificio afectado dispone de este tipo de suministro».
Añade igualmente que «la Consejería del Gobierno regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas, que se deberá remitir a los distintos municipios de la Región».
Morote recordó que el Gobierno central también ha llevado ante el Constitucional la ley de energías renovables murciana, que eliminaba el ´impuesto al sol´ en la Región, y acusó al Ejecutivo regional de doblegarse ante Madrid. «La gente cuando no paga la luz es porque no puede», aseguró, al tiempo que recordó el caso de la mujer fallecida en Reus a causa del incendio provocado por la vela que tenía encendida en su casa después de que le cortaran la luz. Su muerte causó una gran conmoción, dado que los servicios sociales conocían su caso.
