Ciudadanos va a vender caro, muy caro, su apoyo a la investidura de Fernando López Miras como nuevo presidente de la Comunidad. La formación naranja ha presentado al PP un nuevo documento, denominado «acuerdo de investidura para la regeneración institucional de Murcia», con un paquete de 40 medidas que Fernando López Miras debe comprometerse a cumplir si quiere obtener la confianza de la Asamblea Regional y sustituir así a Pedro Antonio Sánchez al frente del Ejecutivo autonómico. Las que más pueden separar a ambas formaciones son aquellas referidas a la lucha contra la corrupción.

Y es que el nuevo acuerdo de investidura no mueve la línea roja por la que los políticos con asuntos judiciales pendientes deben abandonar sus cargos. Lo que hace el nuevo documento propuesto por Ciudadanos es clarificar las cosas con respecto al pacto suscrito en 2015. Así, el punto 1.2 (antes era el 1.1) compromete a ambas formaciones a «apartar a los investigados por corrupción de los cargos públicos», señalando claramente que deben dimitir en el momento en el que son llamados a declarar por delitos de corrupción política. Esto, por tanto, implicaría que Pedro Antonio Sánchez no podría seguir siendo diputado regional mientras dure la investigación por el caso Auditorio, aunque nada se dice de su permanencia en la presidencia regional del PP. Si dejara de ser diputado regional, Pedro Antonio Sánchez no podría volver a la Presidencia de la Comunidad en el caso de que se archiven las causas judiciales abiertas contra él.

De esta manera, Ciudadanos endurece en la Región de Murcia sus exigencias con los cargos públicos inmersos en procesos judiciales, ya que a escala nacional (tanto en el acuerdo para la investidura de Rajoy como en la proposición de ley anticorrupción presentada en el Congreso de los Diputados) la línea roja la ponen en la apertura del juicio oral.

Otra de las exigencias de Ciudadanos a los populares es que impulsen una auditoría de la contratación y las subvenciones adjudicadas por la Comunidad en los últimos diez años, que sería encargada por una comisión parlamentaria a profesionales independientes, con la obligación de aplicar las medidas que estos recomienden.

Reclama asimismo Ciudadanos la reforma de la Ley de Transparencia para convertir el Consejo en un ente independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuación. También solicita la aprobación de una ley de medidas contra la corrupción, con el fin de aumentar la protección de los denunciantes.

No se ha incluido en el documento el compromiso de eliminar los aforamientos de los diputados regionales y los miembros del Consejo de Gobierno. No obstante, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, señaló que es una condición indispensable para apoyar a Fernando López Miras. De hecho, el pleno para votar la iniciativa conjunta de la oposición para eliminar este privilegio, a través de una reforma parcial del Estatuto de Autonomía, se ha fijado para el próximo miércoles, un día antes del debate de investidura de López Miras, con el objetivo de obligar al PP, cuyo voto es necesario para que salga adelante esta reforma, a retratarse. Esto punto puede provocar fricciones entre ambos partidos, ya que los populares son ahora partidarios de que la eliminación de aforamientos se produzca en el marco de una modificación de las normativas estatales.

La formación naranja pide además que se reduzca el número de empleados «de nombramiento discrecional», que se lleven a cabo medidas para suprimir el llamado impuesto al sol, que se elimine el Impuesto de Sucesiones y que se cumplan las enmiendas que su grupo parlamentario introdujo en el Presupuesto de la Comunidad para 2017. También exige elevar la inversión en I+D+i con fondos propios hasta llegar al 2% en 2019 y dedicar al menos diez millones a la promoción turística. Quiere incluir en el pacto la recuperación de la carrera profesional para los médicos, la elaboración de un nuevo documento en relación a los conciertos educativos en Bachillerato y FP, y la introducción de los Bonos de Impacto Social.

Otra novedad es la creación de una comisión de seguimiento para el cumplimiento del acuerdo, que se reunirá cada mes, y la obligación del futuro Gobierno presidido por Fernando López Miras de consultar con Ciudadanos cualquier medida incluida en el acuerdo que quiera desarrollar. «Las discrepancias se salvarán por unanimidad», dice el texto.

En ambas formaciones se mostraban ayer bastante optimistas en llegar pronto a un acuerdo en los próximos días.