La Policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abrieron el año pasado 300 expedientes sancionadores de beneficiarios de prestaciones y detuvieron a tres extranjeros que teniendo condenas judiciales por delitos graves en España contaban en vigor con expedientes de expulsión del territorio nacional y aun así se encontraban percibiendo prestaciones por desempleo.
Los controles se han saldado con la apertura de trescientos expedientes sancionadores de beneficiarios de prestaciones por las diversas infracciones detectadas. Dichas actuaciones se realizaron en las oficinas del SEPE de varios municipios de la Región, como Torre Pacheco, San Javier, Lorca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Águilas, Mazarrón y la propia ciudad de Murcia, y fueron controladas en torno a 1.000 personas de diversas nacionalidades, tanto española como extranjera.
Ahorro de 1,5 millones
Las acciones emprendidas son fruto de la colaboración entre los agentes del Grupo IV de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Cartagena y el personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Los procedimientos iniciados en virtud de la colaboración entre los dos organismos han permitido detectar irregularidades que han supuesto un ahorro a las arcas del Estado de más de un millón y medio de euros sólo en el año 2016, según una nota de la Delegación del Gobierno.
Los expedientes sancionadores conllevan la obligación de devolver los importes cobrados indebidamente, como es el caso de algunos infractores, si bien también han comportado sanciones por incomparecencias y extinciones de numerosas prestaciones.
