La lucha contra el fraude fiscal aportó 30 millones más a la Agencia Tributaria el pasado año. El Ministerio de Hacienda ha conseguido una recaudación de 280,9 millones de euros, que representa un aumento del 45% en los últimos tres años, según los datos facilitados por el nuevo delegado especial de la Agencia Tributaria en Murcia, Alfonso del Moral. En los resultados de la Inspección influye mucho la actuación de la Unidad de Auditoría Informática, que permite rastrear las cuentas de las empresas para desentrañar los mecanismos utilizados para defraudar. Esta unidad, que está compuesta por inspectores y expertos en informática, realizó más de cien salidas el pasado año.

Alfonso del Moral explicó que los contribuyentes pueden negarse a permitir el acceso de los equipos de inspección a la empresa, dado que «es el domicilio constitucionalmente protegido», por lo que se solicita previamente una autorización al Juzgado de lo Contencioso, que respalda la actuación. En el último año ha mejorado el control del fraude en las devoluciones que reclaman los contribuyentes indebidamente, lo que ha permitido aumentar en un 60% el importe que Hacienda ha dejado de pagar.

La Inspección consiguió el pasado año 13 sentencias favorables en los 18 casos de delito fiscal que acabaron de tramitar los tribunales. El delegado explicó que en el resto de los casos «no se pudo llegar a demostrarse que había existido dolo» o se consideró que pudo haber «errores de interpretación».

Sin embargo, aseguró que, al margen de la condena judicial, los inspectores están mejorando el cobro de las sanciones y los intereses de demora que conllevan los casos de fraude fiscal en un 500%.

La Inspección realiza también un seguimiento de los contribuyentes que se declaran insolventes para eludir los pagos que les exige la Agencia Tributaria o los juzgados. En estos casos, los inspectores mantienen una vigilancia exhaustiva de los movimientos económicos del infractor para seguir la pista del dinero que tratan de ocultar.

La investigación de los movimientos financieros destinados a comprobar 1.126 insolvencias ficticias ha aportado una recaudación récord, con un aumento del 48%. En estas ocasiones los inspectores también siguen la pista a los familiares y posibles testaferros que puedan encargarse de gestionar el patrimonio oculto. Incluso llegan a solicitar al juez una autorización para abrir las cajas de seguridad que los contribuyentes pueden tener en los bancos para esconder dinero en efectivo. Del Moral dijo que la eficacia en la actuación de los inspectores se debe en gran parte a la formación que reciben para detectar las técnicas que van adoptando los defraudadores.

Entre los casos remitidos a la Fiscalía desde la Agencia Tributaria, citó el fraude en las facturas de las obras del AVE, que se ha estimado en unos 17 millones de euros. La falsificación de facturas suele ser uno de los fraudes más frecuentes, junto con la ocultación de las ventas y la invención de gastos no realizados. Destacó igualmente que cada vez es mayor la información que recibe la Agencia de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, entre otros, lo que ayuda a estrechar el cerco sobre los infractores

En 2016 la Inspección ha realizado más de 3.210 actuaciones de comprobación e investigación, lo que suponen 410 más, que han permitido liquidar una deuda de 64 millones de euros. Se presentaron 380 denuncias tributarias, entre las cuales figuran 100 expedientes motivados por pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros autorizados.

Los inspectores realizaron 485 visitas el pasado año, 149 destinadas a detectar alquileres no declarados.

El delegado destacó el cambio que se producirá el próximo 1 de julio, que obligará a las empresas con una facturación superior a los 6.010.121,04 euros a «llevar los libros registros del IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación». En la Región hay ahora 1.059 compañías consideradas «grandes empresas, una cifra que no se alcanzaba desde los años anteriores a la crisis económica». En aquella época se llegó al millar, pero después se redujo la cifra a 700. La diferencia es que las grandes empresas ya no están en la construcción, sino en el sector agroalimentario y los servicios.