El reciente auto de archivo del caso Guardería, redactado por el magistrado del TSJ Enrique Quiñonero, ha servido al letrado que ejerce la defensa del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para pedir el sobreseimiento del caso Auditorio, en el que se investiga a su cliente por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad documental.

Francisco Martínez-Escribano, que también es decano del Colegio de Abogados de Murcia, presentó ayer un escrito de 34 páginas, estructuradas en doce puntos, ante el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado. El letrado utiliza el auto del pasado 8 de marzo que daba carpetazo a la causa (que entre otros afectaba a la consejera Adela Martínez-Cachá), que a su vez se ampara la doctrina del Supremo, para señalar que «el control de la legalidad de los actos administrativos, como consideran que es el caso Auditorio, corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo». Para el ámbito Penal quedarían exclusivamente, según el Supremo, «los actos que constituyan ilegalidades severas y dolosas que supongan un ataque consciente y grave de los intereses que las normas pretenden recoger».

También alude constantemente el escrito de la defensa de Pedro Antonio Sánchez a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia que dio validez al concurso para la adjudicación del proyecto del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras al arquitecto Martín Lejárraga. Resalta aquí el letrado del presidente el hecho de que el PSOE lumbrerense «no recurriesen la adjudicación de la obra en su momento, y pretenda ahora en vía penal unos resultados que ni siquiera intentaron lograr en la contencioso-administrativa». «El concurso no se ha hecho en fraude de Ley y el contrato no se ha adjudicado antes de publicarse la convocatoria», dice el escrito, que también hace referencia a la jurisprudencia del Constitucional para indicar que «un tribunal penal no puede decidir que una resolución es manifiestamente injusta cuando un tribunal contencioso, en las mismas circunstancias, ha declarado su licitud».

La solicitud de sobreseimiento del caso Auditorio presentada por la defensa de PAS también reitera que «estamos ante una obra completa, puesto que el proyecto modificado se ejecutó en su totalidad», en lo referente a los edificios de la Escuela de Música, Exposiciones y Congresos y aparcamiento», ya que se recuerda que se aprobó un proyecto modificado, cuya legalidad, según entiende también Martínez-Escribano, ha quedado demostrada durante las diligencias practicadas. «Si se hubiese querido enmascarar la realidad de lo ejecutado, no se hubiese planteado el modificado, ni se hubiese explicado de esta forma la obra realmente construida», asegura el escrito.

Sobre la pieza separada abierta en los juzgados de Lorca para conocer si la subvención para el Teatro-Auditorio se destinó a otros fines privados, señala el abogado del presidente regional que «no es posible estar investigado en el juzgado de instrucción de Lorca y en el TSJ en dos actuaciones que puedan consistir en delitos de malveresación y fraude».

En cuanto al destino de la subvención, subraya que el informe de la propia Fiscalía manifiesta textualmente que «los 6 millones de euros están en la obra». Los peritos, añade Martínez-Escribano, «han coincidido en acreditar este punto, así como que no consta perjuicio alguno para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras».

Subraya Martínez-Escribano que no existe en la actuación del presidente «dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal, por lo que no habría incurrido en ninguno de los cuatro delitos que se le imputan».