Once a tres. Por amplia mayoría quedó aprobada ayer, sin cambios, la nueva Orden de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el período comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023. Fue durante la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
A partir de ahora, una vez que se envíe a la Consejería el dictamen del Consejo, la orden se publicará en el BORM y entrará en vigor.
En la reunión estuvieron presentes, entre otros, los directores generales de Centros y de Recursos Humanos, representantes de las cooperativas de enseñanza, de los centros de enseñanza privados, de los padres de las escuelas católicas y de las cooperativas, de los estudiantes de Feremur, de Comisiones Obreras, Anpe y la Fapa Juan González. Estos tres fueron los únicos que votaron en contra de la nueva orden y a favor de las alternativas presentadas tanto por Anpe como por Comisiones.
El representante de Comisiones Obreras, Diego Fernández, presentó en la reunión de ayer el dictamen alternativo de este sindicato, en el que defendió que el proyecto de Orden justifica ideológicamente la opción de la Consejería por favorecer la enseñanza concertada «en base a una interpretación extensiva y abusiva del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza».
Añadió que la Consejería adapta la oferta educativa a la demanda, y no a la ya existente y planificada por la Administración. Esto supone «una manifiesta mercantilización de la educación concebida no como un servicio público sino como una mercancía más».
En cuanto la decisión de generalizar la concertación de la Formación de Grado Medio y Superior y los Bachilleratos, CC OO destacó que «no es jurídica ni obligada por la norma sino política e ideológica».
«Solo un argumento de los que se utiliza es cierto, las familias que hasta ahora recurren a la enseñanza privada en estos niveles se verán beneficiadas. Concretamente por una lluvia de millones de fondos públicos detraídos de las dotaciones de la escuela pública», subrayó.
Por último, se preguntó si se había realizado un análisis de impacto de la generalización de los conciertos educativos en la enseñanza postobligatoria; si se sabía cómo iba a repercutir esta medida en el conjunto de la red educativa regional; y si se tenía un cálculo de cómo iba a afectar la concertación de los bachilleratos al resto de centros, públicos y privados concertados.
Fuentes de la Consejería, insistieron por su parte, en que «la orden no va en contra de la enseñanza pública de la Región»; y «aporta más estabilidad al funcionamiento de los centros concertados, sin repercutir en la enseñanza pública».
La enseñanza pública, de velatorio
Representantes sindicales y miembros de la Plataforma por la Escuela Pública acudieron ayer por la tarde a las puertas de la Asamblea Regional portando velas encedidas, gesto con el que quieren escenificar lo que consideran que puede ser el principio del fin de la enseñanza pública: la nueva orden de conciertos que incluyen el Bachillerato y la FP y los recortes de fondos públicos que eso puede acarrear. Asimismo, este acto, antesala de la huelga parcial y de la manifestación convocadas para hoy, supone una defensa de la enseñanza pública, apuntan los convocantes.
