Sanidad dejará de mirar para otro lado y ha decidido aplicar la Ley 15/2016 de 12 de diciembre de personal estatutario y revocar en el cargo a 28 jefes de servicio que compaginaban su trabajo en la Sanidad pública con su actividad privada y cesar a uno más que fue nombrado por el procedimiento de libre designación. Así lo anunció ayer el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Francisco Agulló, quien explicó que de esta forma se aplica la nueva ley aprobada el pasado mes de diciembre en la Asamblea Regional y que hace incompatible el desarrollo de la actividad sanitaria de forma simultánea en el ámbito público y privado para los profesionales con categoría superior a 28.
Pero esta ley no es nueva, ya que actualizaba la Ley de Personal Estatutario del SMS de 2001 que ya entonces contemplaba la prohibición expresa de compaginar actividad pública y privada, una ley que existía pero que no se estaba cumpliendo.
La nueva norma aprobada en diciembre de 2016 y que el PP intentó sin éxito modificar dejó en entredicho la situación de hasta 47 jefes de servicio del SMS, de los cuales uno se ha jubilado, otro ha pedido el traslado a Atención Primaria y uno más no está ejerciendo en este momento en el ámbito privado. A los 44 restantes se les envió un escrito el pasado mes de diciembre informándoles del cambio de la ley y en enero se les volvió a indicar que debían elegir entre quedarse en el sector público o en el privado. De ellos, cuatro presentaron su renuncia a la jefatura de servicio (entre ellos el doctor Bernardino Miñana, jefe de Urología del Hospital Morales Meseguer de Murcia), once más han renunciado a su actividad privada y los 29 restantes son a quienes Recursos Humanos del SMS les comunicó ayer a primera hora de la mañana vía telefónica la decisión de revocar su nombramiento y cese.
Agulló, que compareció acompañado del director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, y el subdirector, Francisco Soriano, informó de que el próximo viernes 31 de marzo será efectiva la decisión y los 33 jefes de servicio afectados (los 29 con los que se habló ayer más los cuatro que han decidido dejar la Sanidad pública) deberán abandonar la jefatura, lo que abrirá un periodo de transición que, según palabras del propio gerente del Servicio Murciano de Salud, «se puede prolongar durante varios meses».
Esta dilatación en el tiempo se producirá porque primero habrá que negociar los baremos del concurso de méritos, después tendrán que convocarse las plazas que han quedado vacantes y después llegará la resolución. Un proceso que se debería haber seguido desde la Ley de 2001 para cubrir las jefaturas de servicio y que no se ha hecho nombrando a los responsables en comisión de servicio, una figura que se contempla para periodos puntuales mientas que no se convoca un puesto determinado y que, en muchos casos, se ha ido alargando hasta más de una década.
¿Afectará a los pacientes?
El cese de estos 29 jefes de servicio abre un periodo de incertidumbre en el que alguien deberá hacerse cargo a partir del 1 de abril de las funciones que éstos vienen desempeñando (organización quirúrgica, gestión de listas de espera y de consultas, entre otras), unas tareas que podrían asumir los jefes de sección o los propios directores médicos de los hospitales. No obstante, Agulló dejó claro que serán los gerentes de área los que decidan cómo se actúa en cada caso. Entre las especialidades más afectadas por los ceses destacan Ginecología y Ostetricia (4); Traumatología (3); Cirugía General (2); Rehabilitación (2); Urología (2); Dermatología (2); y Oftalmología (2). Agulló se mostró duro y dijo que «esta decisión puede sacudir la organización de la Sanidad murciana, aunque haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los usuarios no se vean afectados».
El gerente del Servicio Murciano de Salud culpó ayer de esta situación a los grupos de la oposición en la Asamblea ya que, según cree, la nueva ley «no satisface a nadie y ha generado un problema porque no ayuda a mejorar la organización del SMS». «Se trata de un texto discriminatorio e injusto para los profesionales de la Región de Murcia, una ley que deteriora la tarea de gestión del Servicio Murciano de Salud porque no ha contemplado un periodo transitorio ni retroactivo».
Reclamaciones judiciales
El máximo responsable del SMS se mostró convencido de que esta decisión puede conllevar una avalancha de reclamaciones judiciales por parte de los afectados, «quienes pueden acudir a los tribunales creando una situación de litigiosidad y un ambiente de trabajo no deseable». Además, subrayó que «ésta es una posibilidad que se conocía y de la que se advirtió a la oposición. Por lo que será el resultado de las enmiendas al texto que presentó la oposición». Uno de los deseos de Agulló era que esta situación se resolviera sin agravios para los profesionales que trabajan en la Sanidad murciana respecto a los compañeros de otras autonomías, ya que con la aplicación de la nueva ley la Región de Murcia se convierte en la cuarta comunidad (junto a Andalucía, Asturias y Aragón) que hace incompatible trabajar en el ámbito público y privado, una situación que no se da en el resto de autonomías.
