No puede volver a trabajar como modista, no puede volver a hacer escalada o a correr un sábado por la mañana. La murciana E. S. G ha pasado de hacer una vida normal a darse golpes con los marcos de las puertas, a no poder coger el coche cuando anochece y a no ver más allá de un metro y medio de distancia. La vida de esta paciente murciana cambió en noviembre de 2011, cuando entró al quirófano de un hospital de Murcia para someterse a una intervención maxilofacial y al despertar darse cuenta de que había perdido la visión del ojo derecho. Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la apelación de Berkley y ampliado la condena a la aseguradora del Servicio Murciano de Salud (SMS), que tendrá que indemnizarla con los 150.000 euros que ya estimó el juzgado en primera instancia además de los intereses sancionadores desde el año 2011, lo que ampliaría la indemnización hasta los 250.000 euros, según confirmó ayer el letrado en Murcia de la Asociación Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, quien ha llevado el proceso.

Esta murciana de 46 años de edad explicó ayer a esta redacción que vive limitada y que el dinero no le importa. «Devolvería la indemnización por recuperar de nuevo la vista, ahora vivo todos los días con dolor», afirmó. E.S.G., que prefiere mantener el anonimato, indicó que el neurólogo le ha cambiado la medicación hasta en tres ocasiones, «en mi vida he tomado un tratamiento médico y ahora vivo enganchada a los fármacos por lo dolores tan fuertes que sufro». Además, ha perdido el equilibrio y «vivo limitada, dándome golpes con todo. Ya no podré volver a trabajar en la que es mi profesión, ya que en el ojo derecho tengo sólo un 3 por ciento de visión, lo que hace que en días nublados ni tan siquiera pueda ver».

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 7 de marzo a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN recoge que se infringió la lex artis en cuanto no se respetó el derecho de la paciente a recibir una información mínima sobre los riesgos que entrañaba la cirugía para formar libremente su voluntad. «La perito inspectora médica señala que el consentimiento informado que ellos tienen en el historial no está firmado, pese a que en el historial se dice que está firmado. Sin embargo, tal consentimiento nunca apareció. (...) La falta de consentimiento informado conlleva la obligación de asumir aquellos daños que no fueron asumidos por el paciente al no ser informado y no poder decidir libremente», indica la resolución de la Audiencia.