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Murcia ha perdido 6.421 empleos públicos autonómicos desde 2010

Ese año empezó a notarse una crisis de la que aún no se han recuperado las administraciones, especialmente en los dos ámbitos que requieren más personal: sanidad y educación

20.03.2017 | 17:14
Murcia ha perdido 6.421 empleos públicos autonómicos desde 2010

La administración autonómica murciana ha perdido desde 2010 6.421 puestos de trabajo públicos al pasar de los 53.993 de aquel año a los 47.572 del pasado, pasando por los 51.783 de 2011, los 53.908 de 2012, los 47.028 de 2013, los 46.325 de 2014 -la cifra más baja del período de 7 años- y los 46.376 de 2015.

Todas las administraciones autonómicas españolas necesitan en conjunto 51.127 empleos para recuperar la plantilla global que alcanzaron en 2010, el año en el que empezó a notarse una crisis de la que aún no se han recuperado, especialmente en los dos ámbitos que requieren más personal: sanidad y educación.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ofrece en su web información sobre cuál ha sido la evolución de los efectivos de las comunidades por áreas de actividad. El trazado del Departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba justo el año pasado, cuando ya se produce una leve recuperación.

Si se sigue ese trazado desde 2010, antes de que la recesión cayera a plomo en España, cinco comunidades han conseguido superar la crisis en lo que a volumen de empleo se refiere. Aragón, Cataluña, Baleares, La Rioja y Euskadi tienen más plantilla seis años después.

Sus mejoras, sin embargo, no se transmiten al global de las autonomías.

La tabla de Hacienda precisa que el año pasado trabajaron en las administraciones autonómicas un total de 1.294.765, mientras que en 2010 lo hacían 1.345.892. Faltan aún 51.127 empleados.

Al menos, en 2016 se produce el primer ascenso en cuatro ejercicios (unos 10.700 trabajadores más que el anterior), desde el máximo histórico de 2012.

Los efectos de la gestión de la crisis, entre ellos el bloqueo de la tasa de reposición, se padecieron en las administraciones autonómicas con especial intensidad entre ese año y 2015, un descenso (muy llamativo de 2012 a 2013, de unos 45.000 empleos) que costará revertir.

Consciente de la situación, el Ministerio de Montoro ha avanzado a los sindicatos que está ultimando una oferta de empleo público que incluirá una tasa de reposición del cien por cien en las áreas más dañadas: sanidad, educación y justicia.

En 2010, 549.171 personas trabajaban para sus comunidades en la educación no universitaria, una cifra que adelgazó hasta las 539.224 personas en 2016; la evolución del personal sanitario en ese periodo es similar: 490.351 trabajadores hace siete años, 480.626 el año pasado.

Son las áreas más importantes. Sumados los empleados en educación y en sanidad, se cubre prácticamente todo el volumen laboral de las administraciones autonómicas.

Por tanto, de la recuperación de empleo en ambos campos dependerá llegar a los números totales de 2010, antes de lo peor de la crisis.

Cinco autonomías cerraron 2016 con cómputos en sanidad y educación no universitaria inferiores a los logrados seis años antes: Andalucía, Madrid, Navarra, Castilla y León y Murcia tienen todavía menos trabajadores en los dos campos.

Por el contrario, siete comunidades han logrado ampliar los cupos que manejaban seis años atrás: País Vasco, Baleares (aunque en el área educativa experimenta un incremento, en estos seis años, de sólo un empleado, de 12.445 a 12.446), Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria.

Si se atiende a las cifras totales de efectivos en las administraciones autonómicas, únicamente Andalucía y Canarias han tenido un descenso progresivo desde 2012.

Hasta siete autonomías comienzan la recuperación el año pasado (Aragón, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Baleares) y cuatro lo lograron en 2015 para consolidar la mejora en el ejercicio siguiente: Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Extremadura.

La curva hacia abajo de las administraciones autonómicas se aprecia también en los entes locales (de 657.905 trabajadores en ayuntamientos y diputaciones en 2010 a los casi 549.000 de 2016) y en la administración pública estatal, pues seis años después sus 591.559 empleados se han quedado en unos 527.800.  

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