La Asamblea Regional aprobó ayer, con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, pedir al Gobierno regional que realice un estudio sobre la rentabilidad de la gestión pública o privada de las Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Región de Murcia para los próximos 15 años.

La iniciativa, impulsada por Podemos, incorporó una enmienda del PSOE para que también se creen mesas de trabajo que analicen el modelo de gestión más adecuado para las ITV y que en ellas estén presentes los sindicatos, así como representantes de los cuatro grupos políticos representados en la Asamblea.

Durante la defensa de la moción, el diputado de Podemos Andrés Pedreño reprochó al Gobierno que «esté dispuesto» a perder los 48 millones de euros por año que reportarían las ITV a la Comunidad Autónoma si fueran públicas, lo que supondría unos 720 millones en total en los próximos 15 años. «Sería una fuente de ingresos periódicos y constantes en las arcas públicas regionales y una de las muchas maneras de equilibrar el Presupuesto de la Comunidad», aseguró Pedreño.

Además, el diputado regional de Podemos señaló que el Gobierno regional del Partido Popular debe justificar las razones por las que la ITV de Alcantarilla dejará de ser gestionada como un servicio público. «Es llamativo -indicó Andrés Pedreño- que Alcantarilla se privatice cuando sabemos que es muy rentable. El año pasado hubo casi 70.000 inspecciones que dejaron en las arcas públicas 2.246.115 euros. ¿Cómo es que se quiere licitar para su gestión privada un servicio que da estos rendimientos a la Administración pública? Es un despropósito».

Por su parte, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños defendió la gestión pública de las ITV porque redundaría «en una mayor garantía en la seguridad vial, en una mejor conservación del medio ambiente y en una mayor rentabilidad económica». Martínez Baños se mostró a favor de que se incrementen el número de estaciones de ITV en la Región y también de rebajar el coste de las revisiones, prestando un servicio de calidad y seguridad.

Las comunidades autónomas con las tarifas más bajas para la ITV diésel son, según el PSRM, Extremadura, Navarra, Asturias y Andalucía, todas públicas.

Por otra parte, la Asamblea sacó adelante dos iniciativas del PP sobre economía y simplificación administrativa. El diputado Marcos Ortuño propuso avanzar en la simplificación de la burocracia y la supresión de las cargas administrativas y recordó que, tras la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa, se han presentado más de 6.500 declaraciones responsables, el 80% de las cuales han sido revisadas con resoluciones favorables.

Asimismo, también salió adelante una moción para promover medidas a favor de los autónomos, la economía social y los emprendedores, que, según indicó el popular José Soria, «sustentan el 90% de las empresas» y la economía del país. Ciudadanos acusó a los populares de «copiar» propuestas de su programa electoral, aunque echa en falta que se exima del pago de las cuotas a los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional o la simplificación de trámites en la declaración del IVA.

Por último, salió adelante una moción de Ciudadanos para la elaboración y puesta en marcha de un plan de implantación de la economía circular en la Región de Murcia.