Parte del agujero de 720 millones que dejó Catalunya Caixa se invirtió en la Región de Murcia. Se trata de unos 149 millones de euros que se destinaron para proyectos urbanísticos en la Región, como así se recoge en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente ayer se hacía público que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había admitido a trámite la denuncia por «notables irregularidades» en la gestión de Catalunya Caixa entre los años 2000 y 2007. Por ello, quince ex altos cargos de la entidad, entre ellos su expresidente Narcís Serra -quien también fue exvicepresidente del Gobierno- están investigados por presunta administración desleal.
El informe de denuncia, al que tuvo acceso este periódico, expone las operaciones inmobiliarias en las que la entidad catalana entró con una participación del 50% junto con otros socios y que después instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).
Así, en los análisis de los proyectos que fueron objeto de la denuncia figuran cuatro operaciones llevadas a cabo en la Región. Se trata de dos proyectos de la urbanización Hacienda del Álamo (Fuente Álamo); una compra de suelos en Lorca; así como la adquisición de la parcela de Plásticos de Molina ´Plastimol´ y la compra del solar de la antigua fábrica Saeco, situados en Molina de Segura.
Fuente Álamo, año 2000. La primera de estas inversiones en la Región se llevó a cabo en Fuente Álamo. En mayo de 2000, la caja catalana aprobaba la compra de un suelo por un coste aproximado de 2.350 millones de pesetas en los sectores I y II de la Hacienda del Álamo. El informe detalla que finalmente las operaciones, efectuadas con la sociedad Armilar Procam SL, dejaron presuntamente un perjuicio de 108.864.722 millones de euros.
Fuente Álamo, 2005. Años después, en noviembre de 2005, también en Fuente Álamo, la Comisión Ejecutiva de Catalunya Caixa acordó adquirir el suelo del sector III de Hacienda del Álamo por un coste de 14,01 millones de euros a través de la sociedad Adendia-Procam SL. La operación deparó supuestamente un perjuicio de 1.571.659 euros.
La inversión más elevada de Catalunya Caixa en la Región se hizo en la urbanización Hacienda del Álamo (Fuente Álamo). P. M.
Lorca, 2006. En Lorca, la caja catalana acordó en abril de 2006 la compra de 117,2 hectáreas de suelo por un importe de 18,98 millones de euros, así como otras 56,2 hectáreas para «ser adquiridas en permuta de techo en parcela urbanizada al 30%». También estableció constituir una sociedad entre la familia propietaria de las fincas, con un porcentaje de participación del 33,4% para la familia propietaria y un 66,6% para la sociedad Avenis Procam.
En el informe se reprocha la «ausencia total de gestión de conflicto de intereses, ya que la parte vendedora de los suelos de Lorca era, a su vez, socio de la sociedad», así como se lamenta «una falta de concreción y fijación de garantías adecuadas en el diseño de la operación». Por todo ello, el escrito de la Fiscalía indica que hubo un perjuicio de 16.200.000 euros, presuntamente cometido mediante la sociedad Millennium Procam SL.
Molina, 2005 y 2006. En Molina de Segura, la Comisión Ejecutiva de la entidad aprobó en noviembre de 2005 la compraventa del solar en el que se encontraba la fábrica Saeco, un suelo catalogado como industrial, aunque «estaba previsto que la revisión del PGOU del municipio lo recalificara a residencial, con una edificabilidad y densidad determinada que le permitiría la construcción de unas 800 viviendas».
En noviembre de 2006, la Comisión Ejecutiva adoptó el acuerdo para comprar el suelo de ´Plastimol´, también en Molina de Segura, por un coste de 47,86 millones de euros a través de la sociedad Alcalá 120, participada por Procam en un 47,75% y por un 5,24% por Invercartera.
Al final, la sociedad Alcalá 120 Promoción y Gestión Inmobiliaria SL dejó, según la Fiscalía, un supuesto perjuicio de 22,4 millones de euros.
«Un riesgo para la inversión»
En suma, la Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión».
La entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados»; asimismo, la Fiscalía detectó irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.
