Otra norma autonómica que se topa con el rechazo de Madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la ley de vivienda de la Región de Murcia, por entender que exceden las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga al Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que se han recurrido en concreto los artículos Primero (apartados 10 y 11) y Segundo (apartado 2) de la ley.

Una normativa autonómica que regula dos procedimientos de mediación extrajudicial, relativos a los conflictos de consumo en materia de créditos o préstamos hipotecarios y a la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.

En lo que se refiere a los denominados grandes tenedores de vivienda, se preveía que formulen una propuesta de alquiler social de forma previa, y establecía medidas para garantizar el derecho de acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a colectivos en riesgo de exclusión residencial.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fundamenta su competencia en los artículos 10.2 y 11.7 de su Estatuto de Autonomía, pero el Gobierno de España entiende que la mencionada ley contiene preceptos que no se circunscriben a las competencias estatutarias en materia de defensa del consumidor y de vivienda.

También considera el Ejecutivo nacional que se vulneran las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado sobre legislación procesal, legislación civil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La de vivienda es la segunda ley que recurre el Gobierno al Ejecutivo autonómico por exceder las competencias que se le otorgan en el

Estatuto de Autonomía de la Región.

El mes pasado, el Gobierno central anunciaba un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por la Asamblea Regional que blinda a las familias sin recursos contra los cortes de luz y de gas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) mostraba entonces su sorpresa ante el rechazo de Madrid.