El PP es partidario de estudiar una reforma legal que impida el uso «espurio» que de la acusación particular hacen los partidos políticos para tratar de ganar por vía judicial lo que no consiguen en las urnas, anunció ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando.

Hernando reconoció haber abordado ya con Ciudadanos la posibilidad de acometer esta reforma, con la cual se evitarían prácticas como las que a su juicio está llevando a cabo el PSOE en la Región de Murcia, donde los socialistas, según Hernando, ya han perdido 81 demandas presentadas bajo el paraguas de la acusación particular. Su propuesta consiste en vetar a partidos, sindicatos y entidades vinculadas a las fuerzas políticas para que puedan usar la acusación como «elemento de ataque político» con el que intentar «obtener en los tribunales lo que no se gana en las urnas», y limitar esta figura únicamente a los directamente afectados.

«Ya son muchas las sentencias que hemos visto de gente que estaba acusada, a la que se le había hecho el paseíllo mediático y que luego ha resultado inocente», manifestó Hernando.

El portavoz del PP en el Congreso formuló su propuesta a raíz de la crisis abierta en Murcia por la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y sobre los que todavía no ha declarado ante el juez.

Especialmente crítico se ha mostrado con el papel que en este asunto está desempeñando Ciudadanos, formación que sostiene el Gobierno autonómico murciano, por cuanto ha dado por roto su pacto de investidura tras negarse Sánchez a dimitir.

Rafael Hernando acusa al partido liderado por Albert Rivera de seguir diferentes varas de medir según se trate de uno u otro territorio, y también de mantener una posición global distinta de la que defiende en el caso de Sánchez, a quien Ciudadanos quiere «aplicarle el máximo rigor sin ni siquiera darle la oportunidad de comparecer ante el juez».