Luces y sombras en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Región

Aplaude la evolución favorable en la resolución de expedientes, pero también detecta irregularidades en la notificación de resoluciones

01.03.2017 | 04:00

La Defensora del Pueblo realiza un repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia en las distintas comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, donde aprecia «una evolución favorable en la resolución de expedientes», aunque «persisten las demoras en las tramitaciones», según consta en el informe que esta institución del Estado realiza cada año y que ayer entregó al Congreso de los Diputados.

De esta manera, la Defensora ha realizado un recordatorio a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades «sobre el deber legal de resolver las solicitudes formuladas y los recursos interpuestos de forma expresa y en los plazos previstos», según señala en el informe. Asimismo, indica que «se han detectado igualmente irregularidades en la notificación de las resoluciones dictadas», lo que ha motivado la emisión de otros recordatorios a la consejera Violante Tomás sobre el deber legal de notificar a los interesados toda resolución y acto administrativo que se lleve a cabo, así como el cálculo de la capacidad económica de las personas beneficiarias de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La institución que dirige Soledad Becerril también ha reiterado la recomendación a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que es la que tiene las competencias de política social en la Región, que remita comunicaciones de revisión de las cuantías de las prestaciones de la Ley de Dependencia, «con el fin de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, al apreciarse que no se actuaba conforme a la aceptación comprometida».

Sí elogia la Defensora del Pueblo a la Consejería en cuando al abono de las prestaciones económicas reconocidas que restaban por pagar a los beneficiarios, que se abonaron «de forma fraccionada y aplazada». «Cabe destacar que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia ha comunicado que ha procedido a abonar los atrasos correspondientes a los ejercicios anteriores y, normativamente, ha dispuesto la posibilidad de pagar hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, por lo que se suspendió la tramitación de quejas afectadas hasta el vencimiento de dicho plazo», indica el informe depositado ayer en el Congreso de los Diputados.

Otro de los recordatorios remitidos por la Defensora a la Consejería de Familia advierte, por su parte, «de la aplicación indebida de la supresión de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales». Esta medida se basa en el Real Decreto 20/2012, pero la Defensora del Pueblo considera el deber legal de no aplicar la supresión de los efectos retroactivos desde el 5 de julio de 2012 en supuestos distintos a los contemplados en esta normativa, «la cual regula únicamente la supresión respecto a prestaciones que estuvieran reconocidas a 14 de julio de dicho año, pero que no se hubieran comenzado a percibir». En espera de que la Administración se pronuncie sobre esta cuestión, la Defensora ha suspendido la tramitación de las quejas vinculadas a este asunto.

Llevará a la Fiscalía a La Unión y Mazarrón

La Defensora del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actuación de un total de once municipios, entre los que cita a La Unión (PSOE) y Mazarrón (PP), al considerar que, durante el año 2016, han entorpecido su labor. La institución del Estado recuerda que la ley obliga a las administraciones a contestar al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la institución dirigida por Soledad Becerril reconoce que la respuesta no siempre es inmediata y en ocasiones incluso no llega a producirse tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, el Defensor del Pueblo tiene potestad para declarar a esa administración «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales.

La institución reconoce que su carencia y falta de medios materiales y humanos puede plantearles dificultades para recopilar la información requerida, pero eso no les exime de su obligación de contestar.

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