El abogado de exconcejales del PSOE en Puerto Lumbreras, que ejerce la acusación particular en el caso Auditorio, ha presentado un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que solicita que se practiquen una serie de pruebas que, en el caso de ser aceptadas por el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, podrían retrasar la comparecencia judicial del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que ha sido citado a declarar en calidad de investigado (lo que antes era imputado) el próximo 6 de marzo.

El letrado quiere acusar a Pedro Antonio Sánchez, que fue alcalde de la localidad en los años en los que se llevó a cabo el proceso de adjudicación, contratación, construcción y recepción del Teatro-Auditorio, de un nuevo delito, el de infidelidad en la custodia de documentos públicos, que se sumaría a los de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental por los que ya se le investiga. Por eso, la acusación particular pide al magistrado instructor que solicite al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que remita a la Sala «copia de la supuesta propuesta del Concejal de Educación en base a la que se adoptó el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, por el que se aprobó el proyecto básico del Teatro-Auditorio, redactado por el arquitecto investigado Martín Lejárraga».

Señala el abogado de los exconcejales, Marcos Sánchez Absuar, que hasta ahora el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, «siguiendo órdenes de su jefe político, el imputado-aforado Pedro Antonio Sánchez», no ha aportado el expediente administrativo completo, sino solo una certificación del acuerdo de la Junta de Gobierno. Indica el escrito del letrado que, por este motivo (infidelidad en la custodia de documento público) se podría pedir cuentas también a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, también del PP, quien fue la sustituta de PAS en la alcaldía.

También reclama la copia del escrito de presentación del proyecto básico del teatro-auditorio que presentó en su día Martín Lejárraga, en base al cual se concedió la subvención de seis millones de euros para llevar a cabo el proyecto procedentes de la Comunidad Autónoma. Cree el abogado que «se supone que el documento tuvo que tener entrada previamente en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, salvo que los expedientes y proyectos de obras entren de forma clandestina y extraoficial, sin dejar rastro alguno». Si no se aportara esta documentación, los socialistas ampliarían la acusación a PAS con un nuevo delito de falsedad en documento público, algo por lo que ya está siendo investigado.

Además, solicita a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ que se tome declaración, antes de que se produzca la comparecencia de Pedro Antonio Sánchez, a los participantes en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el proyecto básico del teatro-auditorio. Serían los ediles Dolores Arenas, José María Parra, Juan Moisés Gea Jiménez y Ginés David Piñero Caballero, además de la secretaria municipal, Caridad García Vidal. En el escrito, al que ha tenido acceso esta Redacción, piden asimismo la comparecencia del aparejador municipal que suscribió el acta de replanteo de las obras del teatro-auditorio, José Pedro Tudela Sánchez.

«Por motivos de economía procesal, y para evitar que el imputado aforado (se refiere a Pedro Antonio Sánchez) tuviera que volver a declarar a la vista de la documentación que se remita, se solicita la suspensión del interrogatorio previsto para el próximo día 6 de marzo de 2017, salvo que se aporte la referida documentación y certificaciones con anterioridad suficiente», concluye el escrito de la acusación particular.

Podemos también ejerce la acusación particular en el caso Auditorio. Sus representantes legales recurrieron el auto del magistrado instructor Julián Pérez-Templado, pero no piden que se aplace la comparecencia del presidente de la Comunidad.

A Pedro Antonio Sánchez se le consideró oficialmente investigado (lo que era imputado antes de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en el momento en el que fue citado a declarar en calidad de tal, algo que se produjo hace justo una semana. Hasta entonces, sus socios de gobierno, Ciudadanos, no habían exigido su dimisión, en cumplimiento del acuerdo de investidura que PP y C's firmaron en junio de 2015 que obliga a ambas formaciones a apartar a los cargos públicos u orgánicos que sean imputados por corrupción política. PAS ha señalado que no piensa dimitir hasta, al menos, tener la oportunidad de explicarse ante el instructor de los delitos que se le acusan. Si se acepta la petición del abogado de los exconcejales del PSOE de que se retrase su declaración, el presidente de la Comunidad podría ganar incluso más tiempo.