La Comunidad Autónoma empieza a dar los pasos para acercar sus ventanillas a la pantalla de los ciudadanos con el propósito de eliminar totalmente el papel de sus procedimientos burocráticos. El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, llevará al Consejo de Gobierno de la próxima semana el contrato para la adquisición de la tecnología que debe sustentar la Administración electrónica para que esté accesible «24 horas al día los siete días de la semana». En total, Hacienda tiene previsto adjudicar tres contratos por un importe global de unos 12 millones para dotarse de las herramientas informáticas que canalizarán las comunicaciones con todas las consejerías y con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a los que también se dotará de los nuevos sistemas telemáticos desde la Administración regional.

Andrés Carrillo considera que la Administración digital va a suponer «un cambio radical en la forma que los ciudadanos tienen de relacionarse con la Administración, una vez que pueden realizar cualquier solicitud desde sus casas y a cualquier hora del día, sin necesidad de desplazarse ni de hacer colas».

El primer contrato, que asciende a 7,5 millones, estará dividido en trece lotes, que se corresponden con la distribución de las consejerías y de los organismos adscritos a la Administración regional, como el IMAS o el Info.

Carrillo aseguró que se trata de una cantidad muy importante, teniendo en cuenta que los contratos con las empresas del sector informático pocas veces alcanzan una cifra tan elevada.

En el mes de septiembre está prevista otra convocatoria para contratar las herramientas comunes a todas las consejerías destinadas a la gestión de personal, contratación o intervención. El importe se sitúa en torno al millón de euros

El último contrato, que podría salir a licitación hacia el mes de octubre, irá destinado a la adquisición de la tecnología que se implantará en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes para facilitar también la transición hacia el 'papel cero'. La cuantía en este caso alcanzará los 3,5 millones, lo que eleva la inversión prevista por la Consejería de Hacienda a unos 12 millones en total.

Una vez incorporados los sistemas informáticos que sustentarán la Administración electrónica, Carrillo estima que la renovación digital será una realidad en 2018.

El consejero explicó que la Comunidad va a adoptar las herramientas implantadas por la Administración del Estado, lo que permitirá mantener una conexión más ágil con cualquier institución pública, que será vital a la hora de conseguir titulaciones, certificados o las acreditaciones que en este momento deben presentarse para acompañar una solicitud.

Esta conexión debe liberar al solicitante de rebuscar entre sus papeles, porque la propia Administración regional se encargará de pedir al Ministerio de Educación un título educativo o a la Agencia Tributaria un certificado de que el solicitante está al corriente de sus pagos fiscales cuando pida una ayuda pública o se presente a una oposición, por ejemplo. Tampoco será necesario que aporte fotocopias del DNI o del Libro de Familia, porque la propia Consejería a la que se dirija se encargará de recabarlos en el organismo al que corresponda.

La Comunidad ya ha dado el primer paso para empezar a operar de forma telemática sin requerir la presentación de documentos con su incorporación a la denominada Plataforma de Interoperabilidad, que fue presentada el viernes por el consejero de Hacienda y el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís. Este sistema de integración entre las Administraciones regional y central evitará a los ciudadanos tener que aportar el certificado de familia numerosa, el de discapacidad y el de estar al corriente de las obligaciones fiscales cuando tengan que realizar trámites o presentar una solicitud.

Con la incorporación de estos certificados a la plataforma, Comunidad y Estado comparten ya 34 documentos que se solicitarán «una sola vez con el fin de no pedir a los ciudadanos una documentación que ya obre en poder de cualquier Administración pública», según apuntó el titular de Hacienda. «Con estos avances vamos haciendo una administración mesurable, transparente y ágil», destacó.

«Esta plataforma digital permite agilizar intercambios de información, aumentar la eficacia de los servicios públicos y beneficiar al ciudadano, pues evita retrasos y trámites innecesarios».

Además, todos los trámites, pagos o incidencias que el ciudadano pueda tener con cualquier administración pública quedarán registrados en una carpeta propia, que Andrés Carrillo compara con «el cajón» de los documentos en el que todos los ciudadanos guardan los papeles que considera necesario conservar.

Con la Administración electrónica toda esa documentación quedará recogida en una especie de archivo personal, en el que se irá abriendo «una subcarpeta» cada vez que se dirija una comunicación a cualquier institución pública, sea de la Comunidad, de la Administración del Estado o de los ayuntamientos.

El usuario tendrá que disponer de una firma electrónica para validar de forma telemática los formularios y los documentos que presente a través de la sede digital.

El consejero está especialmente satisfecho de la posibilidad de consultar los trámites en marcha que este nuevo sistema confiere a los solicitantes. A través de un dispositivo, que ha sido bautizado con la denominación 'Qué hay de lo mío', se podrá conocer la situación de cualquier procedimiento administrativo y saber cuánto falta para que quede resuelto sin necesidad de llamar por teléfono ni acudir personalmente a preguntar.

Para los ciudadanos que no quieran o no puedan realizar sus propios trámites desde el ordenador habrá una ventanilla en la que se recogerán sus impresos y se escanearán para transformarlos de forma automática en un archivo digital, que iniciará su andadura por vía telemática a partir de ese momento.

Para que la web Carm.es pueda convertirse en una auténtica sede electrónica ha sido necesario realizar una labor de configuración de todos los procedimientos burocráticos que tiene identificados en estos momento la Administración regional.

La Ley de Simplificación Administrativa ha reducido el número de actuaciones que un ciudadano puede requerir a la Administración regional y ha aligerado los procedimientos que se exigían hasta ahora para abrir una empresa o para conseguir cualquier autorización.Este trabajo de depuración realizado en todas las consejerías ha reducido a 1.504 los procedimientos que podrán realizarse a través de la Administración electrónica, lo que hace necesario que cada uno de ellos cuente con los formularios correspondientes.

Una vez ultimados los trámites del proceso administrativo, se le notificará la resolución que corresponda al solicitante también de forma electrónica.