Más de un centenar de investigadores predoctorales y con contratos de formación de profesorado universitario de las universidades públicas de la Región (UMU y UPCT) podrían perder sus derechos a la indemnización tras finalizar su labor y a poder acceder a contratos de formación en empresas.
Estos son dos de los problemas puestos ayer sobre la mesa por los investigadores tras conocer que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les había cambiado el modelo de contrato, pasando de uno de obras y servicios a uno de prácticas.
«Estamos muy preocupados e intentando que nos expliquen bien el por qué de este cambio y cómo nos va a afectar realmente, porque sólo nos faltaba perder más derechos después de nuestra situación ya de por sí precaria», apuntó una de las afectadas, que prefirió mantener su identidad en el anonimato. Cobran, netos, unos 950 euros al mes «y trabajamos horas interminables», apuntó.
Aunque la mayoría de los contratos se desarrollan en las universidades murciana y cartagenera, también los hay en el Cebas-Csic y en el Imida (dependiente de la Consejería de Agricultura).
Los afectados de la Región están asesorándose con representantes sindicales y pensando en organizarse en asociación, como ya lo han hecho en otras ciudades españolas, como Granada. Un cálculo aproximado estima que hay más de 10.000 afectados en toda la Región.
«Una de las cuestiones que más nos preocupa es que si ahora tenemos contratos de prácticas, cuando llegue la hora de salir a buscar trabajo ya no podemos acceder a este tipo de modelo de contratación, por haber agotado ya esta posibilidad», apuntó la joven investigadora murciana.
Por su parte, fuentes ministeriales consultadas indicaron que la modificación sólo es «a efectos administrativos» y de gestión, que se hizo a solicitud de la CRUE y que no afecta las condiciones laborales de esos contratos, regulados por Ley (concretamente la Ley de la Ciencia de 2011 y el Estatuto de los Trabajadores). «Si se hubiesen cambiado las condiciones se tendría que haber cambiado la ley», explicaron.
La CRUE (asociación formada por 76 universidades públicas y privadas de España), insistió en este extremo, tras comentar, en un comunicado, que las modificaciones no suponen pérdida de derechos o prestaciones de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad, dado el carácter especial de estos contratos predoctorales a partir de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación».
Desde la Universidad de Murcia, el vicerrector de Investigación Juan Antonio García, apuntó que «no tenemos suficiente información para valorar los cambios, aunque sí estamos preocupados».
Añadió que desde que conocieron el caso, tanto el rector José Orihuela como todo el equipo de dirección «vamos a trabajar para ver cómo puede afectar a estos chicos y cómo podríamos ayudarles para minimizar el impacto». De hecho, han pedido informes para estudiar el caso.
