Desaladora de Escombreras

Hubo "trama" para beneficiar "un pelotazo urbanístico"

La Comisión de Investigación concluye que se recalificaron 180 millones de metros cuadrados y se cambió el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando "contratos leoninos"

22.02.2017 | 16:23
Hubo "trama" para beneficiar "un pelotazo urbanístico"

La Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras ha finalizado hoy sus trabajos con unas conclusiones, aprobadas por la oposición, que determinan que hubo una "trama" liderada por el ex presidente Ramón Luis Valcárcel para favorecer un "pelotazo urbanístico", mientras que el PP ha acusado al resto de partidos de verter "acusaciones subjetivas muy graves".

Este dictamen, que será aprobado por la oposición en un próximo pleno, se remitirá al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Gobierno y a Fiscalía por si determinan que hubo algún tipo de delito contable o penal.

En este sentido, el presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha afirmado que aprecia indicios de irregularidades en la actuación de los responsables del Gobierno regional.

Sánchez ha resumido que, tras más de un año de trabajo y cerca de 40 comparecientes, ha quedado demostrado que hubo una "trama" para recalificar 180 millones de metros cuadrados y cambiar el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando "contratos leoninos", que van a costar a las arcas autonómicas "seis veces más" que el coste de la planta.

El portavoz de Ciudadanos cree que Valcárcel y el ex consejero Antonio Cerdá son "responsables" de lo ocurrido, y ha añadido que todos los grupos están "de acuerdo en todo lo que ha pasado" durante la investigación de la construcción y explotación de la planta.

Por su parte, el diputado socialista Jesús Navarro ha afirmado que tanto el ex presidente murciano como el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, deberían estar "preocupados" porque "ha habido no pocas irregularidades", si bien teme que la "lentitud de la justicia" provoque que los posibles delitos que han cometido prescriban cuando se juzguen.

Navarro ha extendido la responsabilidad de lo ocurrido a los consejeros, a los miembros del Ente Público del Agua (EPA) y de las sociedades que gestionan la desaladora, a los que ha acusado de propiciar un entramado que no cumplió la normativa.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Antonio Urbina ha incidido en que la planta es el "nexo de unión" entre los "veinte años de corrupción del PP y la corrupción de Pedro Antonio Sánchez" en el caso Auditorio o la rama murciana de la Trama Púnica.

Para Urbina, el "hilo conductor" es la política de los populares de querer incentivar el "pelotazo urbanístico" que originó la crisis económica, para lo cual crearon el Ente Público del Agua (EPA), cuyo objetivo era incumplir la Ley de Aguas, que obligaba a presentar un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre disponibilidad de agua.

Desde la bancada del PP, que ha presentado un voto particular, el diputado Juan Luis Pedreño ha justificado el rechazo a estas conclusiones porque "son acusaciones subjetivas muy graves" sobre un proyecto amparado en el Derecho privado, y que es "necesario y sigue siendo muy necesario".

Para Pedreño, la planta no va a costar 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma y "no es agresiva" para con los intereses de la Región de Murcia. 

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