El 6 de marzo de 2015, Pedro Antonio Sánchez se daba un baño de masas en la sede regional del Partido Popular. El día anterior, el Comité Electoral del Partido Popular lo había designado oficialmente como candidato a la presidencia de la Región de Murcia en las elecciones autonómicas de mayo de ese año y, 24 horas después, la Junta Directiva Regional lo aclamaba y le daba todo el poder ejecutivo en el partido, aunque Valcárcel conservara la presidencia. Todo era euforia en el círculo de PAS ese día, en el que se ponía fin a un pulso que el ahora presidente mantenía con Alberto Garre por ser el cabeza de lista popular en los comicios, un enfrentamiento que abrió importantes heridas en el PP murciano, que todavía no han cicatrizado del todo.

Dos años después, la situación es muy distinta para Pedro Antonio Sánchez. El 6 de marzo de 2017, a las diez de la mañana, el todavía jefe del Ejecutivo regional volverá a hacer el ´paseíllo´ por la avenida Teniente Flomesta de la capital, para declarar, en calidad de investigado (lo que antes era imputado) ante el magistrado Julián Pérez-Templado ­-el mismo que lo absolvió en procesos judiciales anteriores- por el proceso de adjudicación, construcción y recepción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad en la que fue alcalde entre 2003 y 2013.

No pueden decir en el PP que la situación que vive hoy Pedro Antonio Sánchez les pilla por sorpresa. Cuando fue designado candidato, ya se conocía que el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, había presentado una querella contra él y otras veinte personas por las supuestas irregularidades en el proceso de construcción del Auditorio. «Para estos señores, la ley era poco menos que papel mojado», llegaba a decir en su escrito el representante del Ministerio Público. Fue la decisión del TSJ de enviar la querella a los juzgados de Lorca para que se instruyera allí, con el voto en contra de uno de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, lo que libró a Sánchez de haber dado explicaciones antes por este caso, ya que su condición de aforado le exime de dar explicaciones en un tribunal ordinario.

Además, marzo es un mes en el que se producen decisiones claves en la trayectoria política de Pedro Antonio Sánchez. Fue el 3 de marzo de 2014 cuando se dictó el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ que ordenaba imputarlo (entonces no se había eliminado todavía la palabra maldita) por supuesto cohecho. Le acusaban de haberse ahorrado dinero en la compra de su vivienda en Puerto Lumbreras tras beneficiar desde el Ayuntamiento al empresario que le vendió el dúplex. Fue un jarro de agua fría para él, ya que la decisión judicial se producía justo cuando iba a relevar a Valcárcel en la presidencia de la Comunidad. La contundencia del auto le impidió ser presidente entonces, aunque luego la acusación de cohecho fue archivada. «Este señor no ha cometido delito alguno», señaló en la resolución Julián Pérez-Templado.

Además, no es la primera vez que marzo llega a la Región con una crisis de Gobierno. El 9 de marzo de 1984 se producía la dimisión del primer presidente, el socialista Andrés Hernández Ros, a raíz de las informaciones sobre presuntos sobornos a periodistas.