Los consejeros de Hacienda de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Andrés Carrillo y Vicente Soler, respectivamente, sellaron ayer un acuerdo para incluir la recuperación de la deuda generada por la infrafinanciación en el nuevo modelo de reparto autonómico que empezará a negociarse el jueves. El documento, que consta de ocho puntos, recoge también la aspiración de que el coste de la educación, la sanidad y los servicios sociales quede blindado en el futuro de igual forma que el Pacto de Toledo garantiza las pensiones públicas. El acuerdo contempla además la necesidad de dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para prestar los servicios que demandan los vecinos, poniendo fin a la tradicional marginación que han sufrido las hacienda locales.

El encuentro entre los responsables de Hacienda se celebró en la sede del Consejo Económico y Social (CES), junto al río Segura, en vísperas de la primera reunión del grupo de expertos encargados de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. En representación de Murcia acudirá el profesor de la Facultad de Economía de la UMU José Carlos Sánchez de la Vega. Los dos consejeros fueron desgranando uno a uno los ocho puntos del acuerdo.

Andrés Carrillo y Vicente Soler recordaron ayer que Murcia y la Comunidad Valenciana son las autonomías peor tratadas desde que recibieron las transferencias, por lo que reivindicaron un pacto de Estado que les permita liberarse de «la losa» en la que se ha convertido la deuda originada por la falta de «equidad» en el reparto de los fondos autonómicos. En la Región el déficit acumulado desde el inicio de la crisis ha elevado la deuda con el FLA a unos 6.000 millones de euros, que equivalen al 70% del endeudamiento total.

Por su parte, el consejero de Hacienda valenciano indicó que la Generalitat debe unos 43.000 millones, el 70% de los cuales corresponde también a los créditos del FLA. Soler precisó que «hay que apechugar» con la deuda motivada por «los excesos de los anteriores gobiernos», pero dejó claro que seguir asumiendo el lastre originado por la infrafinanciación sería «una losa», que convertiría a las comunidades peor tratadas en los anteriores modelos en «esclavas del pasado». Advirtió igualmente de que, «si no se hace, se cerrará en falso el nuevo sistema de financiación autonómica».

Aunque los firmantes del acuerdo tratan de evitar que el pacto alcanzado ayer en Murcia sea visto como un frente común que pueda traducirse en un enfrentamiento territorial, Carrillo y Soler se muestran abiertos a negociar con otras comunidades que también se sienten castigadas con el reparto. El responsable valenciano de Hacienda apuntó que ya ha mantenido contactos con la Junta de Andalucía y avanzó que también tiene intención de entrevistarse con su homólogo manchego en Toledo.

Andrés Carrillo destacó que el nuevo modelo debe dotar a las comunidades de los recursos precisos para costear la sanidad, la eduación y los servicios sociales. Al igual que el Pacto de Tolego garantiza las pensiones, «que no dependen de los vaivenes de la economía, debe ocurrir lo mismo con los otros tres sectores», defendió.

Por su parte, Soler planteó la necesidad de resolver también la financiación de las corporaciones locales y de garantizar «la sostenibilidad financiera» de forma paralela al nuevo reparto autonómico.