La ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, recogía que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas y establecía un plazo de 18 meses para su integración de en el Sistema Nacional de Salud, aunque sólo Cataluña y el País Vasco tienen la competencia. En Cataluña, la transferencia «ha conllevado mejoras en la seguridad del paciente, en la seguridad del clínico y en la asistencia»,aseguró Elisabet Turu, directora del Programa de Salud penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud.
En cuanto al País Vasco, «cada enfermería de los centros penitenciarios se ha transformado en un centro de salud», afirmó Antonio Arraiza, coordinador del Plan para la lucha contra el Sida y de la Estrategia para la Atención de la Hepatitis C del Gobierno vasco.
Según Carmen Hoyos, coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, «el incumplimiento de las transferencias repercute en la asistencia que están recibiendo las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático». «Desconocemos toda la historia clínica de cualquier enfermo al no tener acceso; además, el sistema de digitalización del historial médico que se está llevando a cabo con mucho trabajo es incompatible con los centros penitenciarios, excepto con los de Murcia y Madrid donde se está desarrollando el proyecto», denunció.
