La Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos una iniciativa que evitará la construcción de macrourbanizaciones en el Mar Menor. La propuesta, que ha partido de los socialistas, se ha transaccionado para incluir iniciativas de Podemos y Ciudadanos y así poder aprobarla.

Pese a que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Aprim) pidió a los grupos parlamentarios que rechacen la enmienda, la moción insta al Gobierno regional a que suspenda de manera cautelar los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor, a excepción de la ampliación natural de los cascos urbanos ya consolidados, respetando los derechos urbanos en los planes que se han aprobado, así como la legalidad vigente hasta que se promulgue una ley específica para el Mar Menor que contemple este tipo de medidas.

El único grupo que no ha apoyado la propuesta ha sido el PP. Según ha explicado durante su turno el popular Juan Guillamón, la Comunidad Autónoma "solo tiene potestad de tutela, las competencias las tienen los ayuntamientos".

Además, considera que con esta medida se crearía una "inseguridad jurídica" similar a la que se generó en Barcelona cuando la alcaldesa promulgó la moratoria turística.

"La inseguridad jurídica nos puede costar mucho dinero porque hay muchos compromisos. Esto puede costar a la Comunidad 45 millones de euros si se tiene en cuenta que la ITI del Mar Menor no se podría ejecutar", ha apuntado.

Por su parte, el socialista Antonio Guillamón ha explicado que la iniciativa contempla una suspensión temporal de los desarrollos urbanísticos. "Nos permitirá establecer un conjunto de directrices territoriales que garantice que lo sucedido hasta ahora no vuelva a suceder en el Mar Menor", ha destacado durante su intervención, añadiendo que las medidas que propicias para que no vuelva a ocurrir se articularían en la futura ley del Mar Menor.

Además, el PSOE se opone a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor.

Actualmente, la Comisión del Mar Menor ha iniciado los trabajos para conocer la situación exacta en la que se encuentra la laguna, su litoral y las áreas de influencia.

Para ello ha organizado su labor de modo que permita un conocimiento preciso de los motivos por los que el Mar Menor ha llegado a las condiciones actuales.

Los grupos pretenden que las conclusiones de esta comisión deriven en la elaboración de una ley integral para la recuperación del Mar Menor que propicie una nueva orientación turística sostenible, desvinculada de los desarrollos urbanísticos.

De Podemos, Andrés Pedreño ha denunciado los planes urbanísticos "amparados y tolerados" en el litoral. El diputado ha recordado durante su turno de palabra que en municipios como San Javier se han realizado en los últimos años 72 recalificaciones.

Además, ha hecho alusión a problemas urbanísticos en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena."La moratoria es justa y necesaria", ha incidido.

En cuanto a Ciudadanos, Miguel Sánchez se ha posicionado a favor de la moratoria para rebajar presión sobre la laguna pero sin perjuicio de legítimos derechos de los particulares. "No podemos establecer moratoria general que impida todo tipo de desarrollo. La moratoria solo debe afectar a desarrollos urbanísticos futuros o que perjudiquen el mar menor", ha dicho aunque ha manifestado que quieren que se respete legalidad vigente y no se perjudique a particulares.