La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica. Tras conocerse la noticia, la oposición en pleno se echaba las manos a la cabeza y recordaba la importancia de mantener la separación de poderes que existe en España.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se apresuraba a decir que «nunca y en ningún caso» el Gobierno central ha requerido a la Fiscalía General del Estado para que «actúe en un sentido u otro».
Y es que el escándalo surge ante la sospecha, como algunos políticos de la oposición apuntaban, de que el Ejecutivo de España hubiese ordenado al fiscal que frenase la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya que supondría que el PP tendría un presidente autonómico investigado. Además, el jefe del Ejecutivo murciano tiene abierta otra causa judicial: la que instruye en el TSJ de Murcia el magistrado Julián Pérez-Templado por el caso Auditorio, en el que se investigan unos hechos acaecidos en la época en la que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras.
CIUDADANOS
Albert Rivera: «Como mínimo, es algo criticable»
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó ayer que si la Fiscalía General del Estado hubiese ordenado no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, sería una actuación «criticable».
Aunque admite que la Fiscalía General del Estado lo puede hacer porque la jerarquía dentro del órgano «es la que es», Albert Rivera insiste en que «como mínimo, es criticable».
En declaraciones en el Congreso, Rivera reiteró la opinión de su partido de que «cuanto más lejos esté la Fiscalía del Gobierno, mejor». De hecho, recordó que el acuerdo de investidura firmado por el PP y Ciudadanos a nivel nacional (que posibilita que Mariano Rajoy sea presidente) incluye una reforma para que la Cámara Baja pueda reprobar o cesar al fiscal general del Estado.
Por otro lado, el líder de la formación naranja subrayó que el propio Sánchez se ha comprometido a abandonar su cargo si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputa formalmente, ya sea en el caso Auditorio o en esta pieza separada de la Púnica, como solicita el juez Velasco.
Además, Albert Rivera hizo hincapié en que Pedro Antonio Sánchez también se vería obligado a dimitir porque así lo asumió el Partido Popular de Murcia en el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos y porque lo establece la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región.
Tanto el pacto como la ley prevén la dimisión de aquellos cargos públicos que sean investigados por delitos de corrupción.
Por tanto, si se formalizara esa investigación, «nosotros pediremos la dimisión del presidente porque lo ha dicho el presidente, porque lo dice el acuerdo de investidura y porque lo dice la ley», resaltó el presidente de la formación naranja.
Por otro lado, el portavoz de C´s en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, admitió que «la información sobre la acción del Ministerio Fiscal en relación al presidente es muy grave».
«Nosotros pedimos al presidente que no se enroque por el bien de todos los murcianos si finalmente es imputado», dijo.
PODEMOS
Pablo Iglesias: «Es gravísimo y debería tener consecuencias»
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció ayer que «la Fiscalía no está para proteger a los corruptos» y, por ello, cree que debe haber «consecuencias» si se confirma que el Gobierno maniobró para que el Ministerio Publico ordenara no acusar al presidente Sánchez. «Si así fuera, sería gravísimo que la Fiscalía hubiera actuado en este caso aparentemente en contra del derecho», dijo en declaraciones a los medios en el Congreso. «Si se probara que hay una utilización por parte del Gobierno de la Fiscalía para favorecer en este caso a un presidente de comunidad del PP, que parece que finalmente ha sido imputado, sería efectivamente gravísimo», enfatizó.
En este sentido, Iglesias recordó que «la Fiscalía no está para proteger a los corruptos, sino para perseguir delitos» y que, por ello, «si efectivamente se prueba que ha actuado en otra dirección, eso deberá tener consecuencias».
Por su parte, el líder de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, dijo que «La Fiscalía no debería estar para proteger a los corruptos sino para perseguirlos. Rajoy está manipulando para proteger a PAS».
PDeCat
Homs cree que el Gobierno intenta manipular a la Justicia
El portavoz del PDeCat, Francesc Homs, criticó duramente «el recurso a la manipulación de la Justicia por parte del PP», algo que, asegura, «nos afecta a todos». «Me sonroja», confesó en los pasillos del Congreso, «lo que ha sucedido con la actuación de la Fiscalía en el caso del presidente de Murcia para evitar su procesamiento».
En opinión de Homs, el Gobierno «intenta manipular de manera persistente la Justicia española». Para él es «escandaloso que las fiscales del caso pidan el procesamiento y por arte de birlibirloque, el fiscal general diga que no». Mientras que en el caso de Cataluña,añadió, «sucede justo lo contrario».
PP
«La verdad siempre se abre paso, siempre sale el sol»
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, negaba ayer rotundamente cualquier injerencia del Gobierno en la Fiscalía y subrayaba que los fiscales actúan autónomamente. Como prueba de ello, recordó que al presidente de Murcia le acusó precisamente un fiscal de su comunidad.
«El Gobierno no tiene ninguna injerencia, ni en este tema ni en otros, y a las pruebas me remito. Hay fiscales que, en el ejercicio de su actividad, acusan con normalidad y con independencia del color político de la persona», especificó el nuevo ´hombre fuerte´ del partido, tras el congreso celebrado el pasado fin de semana.
En declaraciones a La Sexta, Maillo admitió que no conocía en profundidad la información de que la Fiscalía General frenó la imputación de Sánchez, aunque se mostró «convencido» de que los fiscales actúan con autonomía y sin presiones.
A este respecto, criticó que se suele valorar esa misma autonomía de los fiscales «cuando se acusa a uno del PP» y, en cambio, se eche en falta o se ponga en duda cuando deciden otra cosa, como sería este caso.
El PP lleva días cerrando filas en torno a Sánchez, desde que se conoció el auto del juez Velasco y antes, en lo relativo al caso Auditorio, que el partido tacha de «error administrativo».
Según destacó ayer Maillo, él no sabe si ha habido divergencias por este caso en el seno de la Fiscalía, pero, en cualquier caso, cree que eso es normal y lógico en Fiscalía y judicatura.
El martes, antes de saltar esta noticia, Mª Dolores de Cospedal también defendía a Sánchez, en una entrevista en televisión.
En una entrevista en la radio, tras conocerse la noticia sobre la actuación de la Fiscalía, la consejera de Cultura y portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Noelia Arroyo, afirmó que «la verdad siempre se abre paso. Siempre sale el sol».
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la información que saltaba el martes por la noche, Arroyo no quiso hacer declaraciones sobre este extremo porque «el Ejecutivo no hace valoraciones judiciales», ni comenta «lo que hace un medio con las filtraciones que recibe».
«Pedimos máximo respeto a la Justicia para que todo se aclare cuanto antes», es lo único que dijo la consejera a este respecto, tras lo que reiteró que los ciudadanos «deben estar tranquilos porque el gobierno está trabajando para resolver las cuestiones que interesan a la Región».
Preguntada por cómo el presidente de Murcia sabía que cuatro fiscales jefe opinan que no se firmó nada con los cabecillas de la Púnica, como el presidente Pedro Antonio Sánchez afirmó el mismo martes en una entrevista con la emisora Cope, Noelia Arroyo declinó hacer también valoraciones y se limitó a pedir colaboración para la Justicia, a la que hay que dejar trabajar «sin presiones», insistió.
