Entrevista
Representante de la Región en el Comité de Expertos para la Financiación 

José Carlos Sánchez: "Muchos estudios defienden la infrafinanciación de Murcia"

Profesor de Economía, defenderá la equidad en el nuevo sistema para que Murcia no se quede atrás

15.02.2017 | 00:17
José Carlos Sánchez de la Vega, representante de Murcia en el comité de expertos

El profesor de Economía Aplicada de la UMU José Carlos Sánchez de la Vega (Huéscar, Granada,1969), que será el encargado de defender la financiación autonómica de la Región en el comité de expertos creado por el Gobierno central, lleva más de veinte años tomando el pulso a la economía murciana como miembro del equipo de trabajo responsable de las valoraciones del crecimiento económico de la Región que Hispalink ofrece dos veces al año. También dirige el Barómetro del Colegio de Economistas y acaba de poner en marcha otra fórmula de diagnóstico de las economías regionales en colaboración con el Consejo Económico y Social (CES).

¿Con qué expectativas llega usted al grupo de expertos que debe diseñar el nuevo modelo de financiación?

Como le he comentado al consejero (de Hacienda, Andrés Carrillo), creo que es fácil y a la vez complicado defender la posición de Murcia, porque hay muchos trabajos que ponen de manifiesto su infrafinanciación. No se trata de que Murcia haga la guerra por su cuenta y se sienta perjudicada, porque los trabajos están hechos por investigadores de otras comunidades que muestran esa situación, en la que la Región ocupa el segundo lugar, después de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo se plantea su papel?

Entiendo que mi papel es secundario, porque nosotros elevaremos un dictamen que será discutido por los representantes del Gobierno y de las comunidades y que después será aprobado por el Congreso. Somos el escalón más bajo dentro de este proceso de negociación. Por tanto, la posición o las recomendaciones del comité no tienen por qué tener un reflejo en el sistema final. Sería deseable que así fuera, que el comité dé unas pautas generales aislándonos del sitio de donde venimos. El símil podría ser el de la Comisión Europea, que está compuesta por 28 representantes de todos los países, pero una de sus obligaciones es la independencia y la autonomía, lo que les obliga a no atender a partidos, gobiernos ni lobbys. Por eso a los comisarios se les ha criticado a veces que no defiendan los intereses de España, cuando su función es defender los intereses generales. Se trata de evitar estrangulamientos en las comunidades a la hora de financiar servicios básicos con la solución más aceptable y estable en el tiempo. ¿Eso nos puede obligar a olvidar de dónde venimos? En cierta medida, sí.

¿Pero eso es muy difícil?

En mi caso concreto, en el de la Comunidad Valenciana, Andalucía e incluso en el de Madrid es hasta cierto punto sencillo, porque partimos de una situación de desequilibrio negativo. Por tanto, defender la equidad no va en perjuicio nuestro. Va en nuestro beneficio. Las desigualdades que se generaron en anteriores negociaciones por un gobierno u otro no tendrían que lastrarnos en esta situación. Nuestro socio podría ser la Comunidad Valenciana, que está peor, pero hay otras comunidades que están igual y que son grandes. Aquí hay grandes, pequeñas, ricas y pobres. Creo que no se puede hacer el análisis simplista de que se van a unir las grandes y van a marginar a las pequeñas.

¿Los barones y las baronesas del PSOE que se han mostrado, por ejemplo, a favor de la condonación de la deuda con el FLA pueden ayudar a mejorar la situación de Murcia?

Creo que esta es una cuestión que queda al margen. La deuda puede formar parte de la negociación, pero desde la objetividad y desde la presentación de argumentos sólidos que justifiquen esas demandas. Si una comunidad se hubiese endeudado con proyectos faraónicos, con embajadas no sé dónde o aumentando el poder adquisitivo de sus funcionarios, debe existir corresponsabilidad. Si los ciudadanos de esas comunidades demandan ese tipo de servicios, deben ser conscientes de que hay que pagarlos y de que a lo mejor hay que subir los impuestos. No se puede gastar y gastar contando con que ya vendrá papá Estado a salvarnos la situación porque no nos va dejar caer. En el caso de la deuda hay que disociar qué parte se debe a un excesivo gasto y qué se debe a la ineficacia del sistema. Si el sistema ha detraído entre 150 y 250 millones anuales, eso es una parte muy significativa de la deuda. Ese debe ser el argumento, no ser pedigüeños y pedir por pedir. No se trata de ponerse al lado de los barones o de las baronesas. Habrá que presentar datos y estudios. El contexto en el que nos movemos es muy complejo. Dados los requerimientos de Bruselas para controlar el déficit, va a ser difícil. En 2007 se pusieron encima de la mesa 5.000 millones y eso permitió que hubiese café para todos.

Rajoy ya ha advertido de que ahora habrá incluso menos dinero a repartir.

No partimos de la situación de bonanza y de cierta euforia que teníamos al final del periodo 1995-2007. Estamos en una situación intermedia, en la que los recursos son limitados y tenemos un déficit excesivo, que nos obliga a seguir una senda de corrección y de ajuste que todavía no se ha cerrado. Ojalá no derive en nuevos recortes, pero tampoco nos permite afrontar gastos adicionales. Eso puede afectar al nuevo sistema y, si no hay recursos adicionales, habrá que apelar a la solidaridad interterritorial para conseguir una aproximación a los niveles per cápita de financiación de los servicios básicos. No estamos hablando de obras faraónicas, de inversiones innecesarias o de gastos superfluos, estamos hablando de los servicios básicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esa provisión tiene que realizarse entre las comunidades en igualdad de condiciones, pero a mi juicio no está siendo equitativa. Al margen de que la tarta sea más grande o más pequeña, las porciones que se están repartiendo a día de hoy no se distribuyen con criterios transparentes ni equitativos. Hay muchas comunidades que defienden eso. Otra cosa es si queremos reducir la brecha existente de la noche a la mañana o hay que establecer periodos transitorios.

¿Qué solución se le ocurre?

Se pueden arbitrar fórmulas que no sean excesivamente gravosas para aquellas comunidades que tienen que ceder, pero la cesión tiene que producirse para tender a esa homogeneización. No es justificable que la financiación per cápita de Cantabria esté más del 37% por encima de la de Murcia. No hay argumentos para defender esta diferencia. Puede haber argumentos que indiquen que el objetivo final no debe ser la homogeneidad plena.

¿Cómo se puede hacer frente a la presión que ejerce Cantabria, por ejemplo?

Creo que hay que tener planteamientos globales de Estado. Sin dejar de defender intereses regionales, hacer la guerra cada uno por su cuenta no lleva a ningún resultado positivo ni eficiente.

¿Con qué se conformaría?

Si en el seno del comité se hace hincapié en la necesidad de alcanzar la equidad, en que el reparto sea más equitativo, que las desigualdades se corrijan, la consecuencia clara es que Murcia va a ganar. ¿Cuánto? Es difícil poner cifras, pero si se establecen garantías de que el sistema no va a producir la desigualdad del modelo anterior y de que la diferencia entre Murcia y Cantabria se reduce a un 5%, sería asumible. Llegar a una cifra idéntica para todos es muy complicado, porque los recursos y la capacidad fiscal de los territorios es muy distinta. Pero con que esas desviaciones se reduzcan a tres, cuatro o cinco puntos, vendría satisfecho.

El cambio en la percepción del gasto público que ha provocado la crisis, ¿puede afectar también a la negociación?

Yo creo que se ha pasado del todo a la nada. Hemos pasado de verlo todo de color de rosa y no preocuparnos de si se hacía un mal uso del dinero público. Ahora es justamente lo contrario. Ahora parece que el marchamo del político no es ya la presunción de inocencia, sino que va a ser no sé si corrupto y lo va a hacer mal hasta que no demuestre lo contrario. Quizá se ha exacerbado esa crítica. Respecto a los políticos también debemos ser realistas. Al final, el gasto de los servicios públicos se mueve en torno al 80%. Pensar que nuestra deuda esté causada porque un consejero o un alcalde tenga un coche oficial es injusto. El dinero público es de todos, pero el gasto público nos afecta más de lo que creemos. Podemos pensar que lo hacen mejor o peor, todos los hacen mejor o peor, pero al final el dinero va a las autovías o a una sanidad universal que ya quisieran muchos países.

¿Cree que el Brexit o la llegada de Trump van a oscurecer la recuperación?

Creo que hay análisis excesivamente precipitados sobre la elección de Trump o sobre el Brexit. Estamos adelantándonos a algo que todavía es muy incierto, no lo digo yo, sino el FMI o la Comisión Europea. Incluso hay noticias en las que España aparecía como el tercer país mejor situado para acoger las posibles fugas de instituciones financieras de Reino Unido. No debemos ponernos la venda antes de la herida.

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