Diego Pérez Tomás tenía 43 años y vivía en el cartagenero barrio de Las Seiscientas. Sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad. El 11 de marzo de 2014 llamó a la Policía Nacional en dos ocasiones; decía que unos vecinos lo amenazaban. A la primera llamada fueron comisionados los agentes de dos vehículos policiales: el Z-50 y el Z-54. Cuando se produce la segunda llamada, a las 4:39 horas de la madrugada, se comisiona a las dotaciones Z-54 y Z-57. No obstante, también el Z-56 acude, a pesar de no tratarse de una intervención complicada. Los agentes repetirán a partir de ese momento que intentaron tranquilizar a Diego y marcharon dejándolo en su portal. A las seis de la mañana, una vecina de rellano se extraña al ver que la puerta de la casa de Diego está abierta de par en par y la luz encendida, pero él no se encuentra dentro. Se da aviso al hermano de Diego, que interpone una denuncia por desaparición. Dos semanas más tarde, el cadáver de Diego aparecía flotando en Cala Cortina.
Los agentes repetirán la versión de que Diego había quedado en su domicilio hasta ser detenidos. La investigación da un vuelco con la aparición de un testigo que había observado cómo Diego había sido introducido aquella noche en uno de los tres vehículos policiales que habían acudido a auxiliarlo. La investigación había corroborado, mediante las grabaciones de diversas cámaras de seguridad y el posicionamiento de los teléfonos móviles, que los tres zetas se habían dirigido desde el domicilio de Diego directamente a Cala Cortina. Las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas: los tres vehículos van de la cala a la ciudad y vuelta a la cala en varias ocasiones en los momentos en los que la autopsia dictamina que Diego murió. Los agentes, una vez detenidos, confiesan que, efectivamente, Diego subió al Z-54, ocupado por los agentes J. C. Mateos y G. J. García. Y estas son todas las certezas que ofrece el caso Cala Cortina. El relato se bifurca en este punto en dos versiones.
Muerte homicida
La Fiscalía y las acusaciones populares defenderán que Diego fue trasladado a la fuerza a Cala Cortina y muerto a golpes; su cadáver fue entonces arrojado al mar por los agentes. La jueza instructora se muestra convencida en su último auto de que los agentes se dirigieron a la bahía cartagenera «con ánimo de atentar contra la vida de Diego, o asumiendo esta posibilidad». Una vez con Diego en la Cala, afirma la magistrada, los agentes «procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello, para, a continuación, arrojar el cadáver al mar». El informe de autopsia concluyó que se trataba de una muerte homicida. El forense del caso, Alfonso Sánchez Hermosilla aseveró que «la causa de la muerte es una torsión del cuello que se produjo con una llave como las que se utilizan en artes marciales».
Durante la investigación se pudo corroborar, mediante las grabaciones con micrófonos ocultos en los vehículos, que los investigados tenían la mano larga. En una ocasión se aprecia cómo se golpea a un individuo que consumía hachís en la vía pública; se relatan entre risas las «señoras torturas» que habían tenido lugar en la comisaría. No obstante, de la muerte de Diego nada se habló durante las semanas en que estaban siendo sometidos a escuchas.
Una vez detenidos, los agentes relatan la siguiente versión: fue el propio Diego quien insistió en subir al coche. Decidieron conducirlo a Cala Cortina, un lugar alejado de la ciudad donde pudiera tranquilizarse. Se trataba de llevarlo «a un lugar tranquilo para que su mente consiguiera deshacerse de sus miedos», como relataba uno de los agentes en una misiva a este diario. Una vez allí, Diego salió corriendo en dirección a los barrancos. Ya en el coche, llegó a relatar uno de los agentes, Diego preguntó si es que le iban a pegar y sentenció que antes de que le pegaran, él se suicidaría.
¿Han incurrido los agentes en contradicción al afirmar que fue Diego quien solicitó subir al coche y que preguntó si le iban a pegar, convencido de que lo conducían a comisaría? Por otro lado, está constatado que Diego se hallaba muy nervioso aquella madrugada. Cuentan los vecinos que andaba ya desde primera hora de la noche diciendo que se le habían puesto unos pájaros en la cabeza y había cogido una Biblia.
Los agentes han afirmado de manera reiterada que no confesaron haber trasladado a Diego a Cala Cortina porque eran conscientes de que se trataba de una actuación irregular. No obstante, subrayan que Diego manifestó su voluntad de subir en el coche. De hecho, han manifestado que uno de los agentes, J. L. Solano, le relató lo sucedido a su padre, también policía, y el progenitor aconsejó guardar silencio, pues aunque ellos nada tenían que ver con el homicidio, se trataba de una detención ilegal.
¿Murió Diego Pérez apaleado por seis miembros de la Policía Nacional?¿O fue víctima de su estado de ansiedad? Se acerca el momento en que ambas preguntas se planteen ante un tribunal popular.
El principio del final: la apertura del juicio oral
El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha dado por acabado el sumario del llamado ´caso Cala Cortina´. No habrá más pesquisas.
En un auto con fecha de 30 de enero, la jueza, Emilia Ros, ordena la apertura del juicio oral. Como era previsible, la magistrada rechaza las peticiones de las defensas de los agentes de archivar la causa. La jueza impone a los agentes una fianza de 470.000 euros para cubrir las indemnizaciones que podrían afrontar en caso de una sentencia desfavorable. Esta cifra suma las indemnizaciones que la sentencia podría otorgar a los cinco hermanos de Diego y a la hija de este, quien tenía trece años en el momento de los hechos, más las costas procesales. El auto mantiene la obligación por parte de los agentes de comparecer el día 15 de cada mes.
La jueza eleva el sumario a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, sita en Cartagena, a quien corresponde ahora fijar la fecha de comienzo del juicio. El caso será juzgado por un tribunal popular. Se acerca así el principio del final de un caso que es una herida abierta en la ciudad portuaria.
El fiscal pide para los agentes (cuya situación actual es la suspensión de empleo y sueldo, percibiendo el salario base sin complementos) 6 años por detención ilegal y 14 por homicidio para cada uno de ellos. La acusación particular que representa a la familia de la víctima, dirigida por el letrado cartagenero Francisco Belda, ha solicitado 4 años más por homicidio, es decir, 18 por cabeza. La diferencia se debe a que Belda defiende que los agentes actuaron con alevosía, pues se trataba de seis individuos (agentes de la autoridad) contra uno, en un lugar apartado de la ciudad a altas horas de la madrugada.
Uno de los seis agentes implicados, Gregorio Javier G. M., falleció el trece de octubre de 2015, estando en prisión preventiva, a causa de una pancreatitis.
