La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de investigar la actuación del presidente de la Comunidad Autónoma y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, al asumir el caso Auditorio, es interpretada por el jefe del Ejecutivo murciano como un paso necesario para que concluya la instrucción iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía. «Cuanto antes empiece esto antes acabará», considera Pedro Antonio Sánchez, según indicaron fuentes cercanas al presidente.

El jefe del Ejecutivo regional viajaba ayer de vuelta a la Región después de haber participado el miércoles en el buró político de la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas sobre los retos migratorios, celebrada en Barcelona. Según fuentes del Ejecutivo, antes de emprender el viaje de regreso mantuvo «una agenda de carácter interno».

Sánchez eludió hacer valoraciones sobre el esperado auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que ayer se declaró competente para investigar la contratación y la liquidación del contrato con la empresa que construyó el auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de este municipio, aunque fuentes del Ejecutivo destacaron que recibió la noticia con «serenidad y tranquilidad».

La portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, hizo público un comunicado en el que pedía «respeto a la Justicia y a sus decisiones» para «dejarla trabajar sin presiones y con independencia».

Pedro Antonio Sánchez, que vivió otro largo proceso judicial hace varios años, siendo consejero de Educación, tras ser acusado de haber favorecido supuestamente a la empresa que le vendió su casa de Puerto Lumbreras, entiende que este caso, «para que tenga un final feliz, tiene que empezar».

El anterior proceso acabó siendo archivado definitivamente después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ le diera carpetazo en varias ocasiones, aunque se reabría posteriormente debido a los recursos presentados por la Fiscalía. También entonces fue instructor de la causa el magistrado Julián Pérez Templado.

Tras el cierre de aquel procedimiento la Fiscalía presentó una querella basada en los indicios de delito que encontró en la gestión y la liquidación del contrato con la empresa del auditorio de Puerto Lumbreras, que ya ha dado lugar a la imputación de los miembros del equipo de Pedro Antonio Sánchez en la Comisión de Gobierno de Puerto Lumbreras, junto con el arquitecto Martín Lejárraga, adjudicatario de la obra, y varios técnicos municipales.

Pedro Antonio Sánchez y su entorno tratan de presentar los indicios de delito que ha apuntado la investigación realizada por la juez de Lorca que ha instruido el caso Auditorio hasta ahora como una mera denuncia más, que se suma a las casi dos decenas presentadas por «los socialistas de Puerto Lumbreras» en su intento de desbancar al presidente del Gobierno regional. Estas fuentes insisten una y otra vez en que todas las demandas y contenciosos que han llegado a los tribunales desde que Pedro Antonio Sánchez fue elegido alcalde de Puerto Lumbreras han sido archivadas. En este caso dan por hecho que el desenlace será el mismo y que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ acabará dándole carpetazo, aunque previamente tendrá investigar los presuntos delitos de prevaricación, fraude malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Por su parte, la portavoz del Gobierno regional pidió «respeto y confianza en la Justicia y en sus decisiones para dejarla trabajar con independencia y sin presiones. La decisión del TSJ es el comienzo para que todo se aclare cuanto antes» aseguró.

Noelia Arroyó afirmó que «lo que ha hecho hoy (por ayer) el Tribunal Superior de Justicia es simplemente indicar que es competente y que empieza a instruir el caso nombrando al instructor».

Remarcó que «aún no se ha tomado actuación alguna» y se refirió a la presunción de inocencia «como pilar básico del Estado de Derecho. Nadie debe juzgar antes que un juez», declaró.

Añadió que se abre la oportunidad de que Pedro Antonio Sánchez «pueda aclararlo todo. Toda la actuación es legal y únicamente está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente», remarcó la portavoz del Gobierno regional.

«Nos da tranquilidad que se investigue y que sea la Justicia la que lo aclare de forma definitiva», concluyó Noelia Arroyo.