Los magistrados que ayer rubricaban el auto del Tribunal Superior de Justicia apuestan por «la conveniencia de mantener unificada toda la instrucción en esta Sala Civil y Penal».

«En este punto, teniendo en cuenta exclusivamente los datos contenidos en la exposición razonada, estimamos que, por el momento y sin perjuicio de que del curso de las investigaciones pudiera alcanzarse otra convicción, la prosecución de las actuaciones ante esta Sala Civil y Penal respecto del aforado resulta inescindible del resto de la instrucción judicial practicada hasta la fecha por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca, exclusión hecha de lo que es objeto de investigación independiente en la pieza separada antes referida», asevera.

Según los magistrados, «sólo con esa unificación puede asegurarse, a nuestro juicio, una adecuada investigación del complejo fáctico relatado en la exposición razonada y de las eventuales responsabilidades penales que de ellos pudieran derivarse, además de evitar la duplicidad de esfuerzos y eliminar la posibilidad de que puedan dictarse resoluciones contradictorias».

El auto de incoación de diligencias previas, que ya ha sido notificado a las partes, no es firme y cabe contra él recurso de súplica.

Pedro Antonio Sánchez salió en su día impune de un proceso judicial que se abrió por supuestas irregularidades en la construcción de su casa. Ahora, además de en el 'caso Auditorio', su nombre también aparece en las investigaciones de la Púnica, una trama de presunta corrupción a nivel nacional cuyo supuesto cabecilla, el popular Francisco Granados, está en prisión preventiva.

En septiembre de 2016, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, citaba a declarar, en calidad de investigados, a una serie de colaboradores cercanos al presidente de la Región de Murcia. Se investiga si se contrataron trabajos, pagados con dinero público, para mejorar la reputación online de Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación.

Un informe de la UCO de la Guardia Civil ya alertaba al juez de la posible responsabilidad penal del presidente murciano, asegurando que su jefe de gabinete, David Conesa, llegó a cerrar un contrato con Alejandro de Pedro, uno de los presuntos cabecillas de la trama, para mejorar la reputación en Internet de Pedro Antonio Sánchez. Este trabajo, que según la UCO iba a ser pagado con dinero público y camuflado bajo el concepto 'formación', no se llegó a ejecutar debido a que se inició la operación policial que acabó con la trama Púnica.